Chihuahua, Chih, 15 de abril.

Chihuahua es uno de los estados con mayor número de activistas sociales muertos y medidas cautelares recomendadas por organismos internacionales pro garantías básicas, sostuvo Juan Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El representante llegó a la entidad para conocer directamente los resultados de las investigaciones sobre las agresiones y acoso que han denunciado organizaciones no gubernamentales en el estado.

Uno de esos casos fue el ataque a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de la Mujer AC, cuya directora, Luz Estela Castro, es una de las activistas a las que el Estado mexicano y las autoridades de Chihuahua deben proteger por las medidas cautelares dictadas en su favor por la Comisión Interamericana de Derechos humanos.

En ese sentido, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la vulnerabilidad de los activistas que trabajan diariamente en ese centro y en El Barzón, que se han involucrado en la casos ligados a la desaparición forzada de personas, feminicidios, luchas por derechos ambientales y la defensa del agua.

Valencia consideró que México debe atender esa situación de vulnerabilidad de los luchadores sociales como parte de su mejor respuesta a las 80 recomendaciones que ha recibido el país por la violación de las garantías básicas en diferentes ámbitos por organismos internacionales, la cual será revisada en octubre próximo, cuando los representantes del Estado mexicano acudan a la sede de la ONU a presentar su examen periódico universal, al que están obligadas todas las naciones que han firmado tratados internacionales.

Ante el representante del Alto Comisionado de la ONU, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, Luz Estela Castro, y el dirigente de El Barzón, Gabino Gómez, denunciaron que sus organizaciones son víctimas de una campaña de linchamiento en medios de comunicación locales, por su participación en la defensa de grupos que acuden a ellos para exigir apoyo cuando no han logrado resolver sus problemas por los canales tradicionales del sistema de justicia.