El Senado solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, que a la brevedad remita un informe detallado sobre las acciones que ha realizado el gobierno federal para dar cumplimiento total a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre los casos de las indígenas que fueron violadas por militares, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Además, que le haga saber por qué no se les ha dado cumplimiento cabal.

Las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos del Senado dictaminaron el punto de acuerdo, presentado por el perredista Armando Ríos Piter el 9 de octubre del año pasado, por medio del cual solicitó que el Senado llamara a comparecer al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG y al subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) para que informen sobre las acciones efectuadas al cumplirse, el primero de octubre pasado, dos años de la notificación de dichas sentencias.

Ríos Piter expuso en su punto de acuerdo que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que las resoluciones permanecen incumplidas en sus aspectos sustantivos y que, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2011 y 2012 se destinaron 30 y 31.5 millones de pesos, respectivamente, para el cumplimiento de dichos fallos contra el gobierno mexicano, éstos siguen sin acatarse.

Modificar el punto de acuerdo

Las comisiones sostienen en el dictamen, avalado por el pleno, que la Constitución sólo faculta al Congreso de la Unión a citar a los titulares de las secretarías de Estado y al procurador general de la República, no a los subalternos, por lo que es necesario modificar el punto de acuerdo.

Abundan que del análisis de las sentencias mencionadas se desprende que existen diversas dependencias y entidades del gobierno federal, del gobierno del estado de Guerrero y de los municipios en los que ocurrieron los hechos, que están involucradas en el cumplimiento de las resoluciones, por lo que la información que pueda aportar la PGR sería parcial. Así, consideramos que no es viable extender la invitación que se propone.

Sostienen que, debido a que la SG es la encargada de coordinar a todas las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno en el cumplimiento de las sentencias de órganos jurisdiccionales internacionales, consideramos que esta dependencia debe presentar un informe minucioso por escrito al respecto.

El pleno aprobó que la SG envíe dicho texto al Senado tras los 15 días naturales de haber recibido el acuerdo.