l término de la jornada electoral que tuvo lugar ayer en Venezuela, y tras una espera que se prolongó más allá de los márgenes previstos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el apretado triunfo del candidato oficialista, el presidente en funciones Nicolás Maduro, quien obtuvo 50.66 por ciento de los sufragios, frente a 49.07 por ciento logrado por el aspirante presidencial opositor, Henrique Capriles.

Tras una guerra de rumores de signo desestabilizador, magnificados por algunos medios occidentales, y una vez que el CNE divulgó la ventaja irreversible de Maduro, éste, en un discurso eminentemente defensivo, en el que aludió incluso a la posibilidad de que la oposición intentara un golpe de Estado, reconoció que las de ayer fueron las elecciones más difíciles que hayamos tenido en 14 años y llamó a la multitud a acudir a las calles a defender el triunfo. Asimismo, el candidato ganador reveló que su rival le propuso, en una llamada anterior a la divulgación de los resultados oficiales, una negociación para compartir el poder, así como que el anuncio del fallo popular se difiriera a la espera de la realización de una auditoría electoral.

Momentos más tarde, Capriles desconoció los resultados oficiales, exigió la realización de un recuento voto por voto y condicionó el reconocimiento a Maduro al resultado de ese recuento.

Se concreta, de esta forma, un escenario de conflicto poselectoral abonado por la pérdida de votantes que el oficialismo ha experimentado de octubre del año pasado, cuando el difunto Hugo Chávez se impuso a Capriles por margen de más de 12 por ciento, a la fecha, cuando el de Maduro sobre el mismo adversario es de menos de 2 por ciento.

Asimismo, se abre un compás de incertidumbre de aquí a que se realice y culmine el recuento de sufragios, procedimiento aceptado y respaldado por el candidato ganador. Queda la duda, en lo inmediato, de si ese nuevo cómputo podrá llevarse a cabo en los cuatro días que restan para la fecha prevista de toma de posesión del nuevo mandatario: el 19 de abril.

En suma, lo ocurrido ayer en Venezuela constituye la prueba institucional más intensa y difícil a la que se haya enfrentado el proyecto político bolivariano. La perspectiva resulta aún más ardua si se considera que, a las dificultades internas que enfrenta para permanecer en el poder, el gobierno chavista debe sumar los persistentes intentos de desestabilización y las campañas de medios orquestadas en su contra por los intereses político-empresariales occidentales.

Queda claro, para finalizar, que las perspectivas de consolidación del chavismo sin Hugo Chávez quedan sujetas, en buena medida, a un nuevo escrutinio de los resultados electorales de ayer. Cabe esperar que, en el sentido que sea, tal ejercicio pueda realizarse en forma ágil y convincente, y que despeje cualquier duda sobre el veredicto ciudadano emitido ayer.