Después de varios meses de haber sido anunciada, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó la licitación para canalizar 16.6 millones de pesos para financiar un ‘‘servicio de consultoría para el análisis de la estructura organizacional’’ del organismo. En su momento se informó que el objetivo era llevar a cabo un diagnóstico que determinaría si las plazas que ocupa el instituto representan la dimensión adecuada para llevar a cabo sus funciones.

De acuerdo con el resultado de la licitación –concretada a principios del presente mes–, fue la empresa Deloitte Consulting Group SC (en participación con Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, SC) la que, según el documento, ‘‘resulta solvente y por tanto susceptible de evaluarse económicamente, por haber obtenido el puntaje mayor al mínimo solicitado’’.

Según el desglose del costo del estudio, tan sólo el ‘‘análisis del diseño organizacional de mandos superiores, medios y tipologías’’ tiene un costo de 4.3 millones de pesos más IVA; el reporte de diagnóstico, 2.8 millones, y la propuesta de diseño 5 millones de pesos, independientemente de ‘‘otros gastos’’, como el ‘‘plan de transición’’.

Todo ello, se insiste, ‘‘en la búsqueda de mejorar la eficiencia administrativa’’, según ofreció recientemente la institución.

En principio, con este diagnóstico y propuesta de restructuración el área ejecutiva, el IFE pretende revisar uno de los puntos que lo ha confrontado con su contraloría general, la cual ha señalado una recurrente ‘‘práctica de sobrepresupuestar’’ en lo referente al capítulo servicios personales, lo que ha derivado en pretendidos ahorros por efectos de austeridad que han sido puestos en duda desde la instancia de control administrativo del organismo electoral.

De acuerdo con el informe de gestión de la contraloría, presentado en noviembre del año pasado, en 2008 el IFE presupuestó 22 mil 735 plazas y la plantilla real ocupada fue de 15 mil 900, casi 40 por ciento más de plazas no ocupadas; para 2009, año de elecciones, se planeó el uso de 95 mil 167 puestos de trabajo (por la incorporación de capacitadores electorales), pero en realidad se ocuparon 82 mil 289, esto es, se habían planeado 12 mil 278 puestos de más; en 2010 se proyectaron 19 mil 806 plazas y finalmente se ocuparon 15 mil 287; para 2011 el IFE presupuestó 25 mil 843 lugares de trabajo (de cara al proceso electoral) y sólo ocupó 20 mil 297.

Traducida en millones de pesos, esta práctica cuestionada desde la contraloría del instituto le ha redituado al IFE lo siguiente: 178 millones de pesos en 2008, 283 millones en 2009 y 308 millones de pesos en 2010.

En ese mismo periodo, el organismo electoral ha tenido igualmente ‘‘economías sustantivas’’, cuyo uso le ha redituado constantes confrontaciones por dudas sobre la legalidad de los movimientos con la propia contraloría general de la institución.

Entre los casos más sobresalientes está la creación del llamado fondo inmobiliario, con recursos de 2010, que se pretendía aplicar en 2011 con millones de pesos derivados de las ‘‘economías’’ del organismo y la adquisición a precio sobrevaluado –según también denunció la contraloría– de un edificio en Acoxpa, comprado en más de 200 millones de pesos.