El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, advirtió que no se deben transferir al instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel) las facultades de decidir sobre concentraciones y sanciones a prácticas monopólicas, porque ese organismo carecerá de la especialización indispensable y podría “implicar de facto” que las empresas de telecomunicaciones, radio y televisión que violen la ley no sean castigados.

En la postura de la CFC expuesta por Pérez Motta en la discusión sobre la reforma constitucional, alertó que no se debe incluir la cláusula de reciprocidad a la inversión extranjera en radiodifusión, porque es una medida que toma como rehenes a los consumidores mexicanos para proteger el interés de unas cuantas empresas. En una industria tan intensiva en capital y tan concentrada como la radiodifusión en México, esto es especialmente contraproducente, ya que se inhibirá la llegada de inversionistas.

Por separado, el presidente del Instituto en Derecho de las Telecomunicaciones, Gerardo Soria, advirtió que la autonomía constitucional que se pretende dar al Ifetel no tiene precedentes judiciales nacionales ni internacionales, por lo que aumentarían riesgos e incertidumbre para los inversionistas, que trasladarían los costos a los usuarios finales. Dijo que el proyecto de reforma exenta al Ifetel y a la CFC de cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas aplicables al resto de las autoridades, porque sólo estarán obligados a presentar un informe anual.

A unos días de que el texto sea discutido en el pleno del Senado, el ex comisionado de la Cofetel señaló que es preocupante que la selección de integrantes del Ifetel sea laxa y esté abierta a quienes no puedan acreditar experiencia en el sector.

Eduardo Pérez Motta destacó que sería trágico que el Senado le quitara a la CFC facultades para decidir sobre la prevención de concentraciones y la sanción de prácticas monopólicas en telecomunicaciones y radiodifusión, “estas tareas requieren una especialización técnica que ha costado 20 años adquirir a la CFC. Transferir las facultades al Ifetel podría implicar, de facto, exentar a estos mercados de la aplicación eficaz de la Ley de Competencia por varios años”.

El presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, en imagen de archivoFoto Jesús Villaseca

El comisionado presidente advirtió sobre el riesgo de que en un mercado tan concentrado como el de la radio y la televisión como se dan en México, se imponga como condición la reciprocidad para la inversión extranjera directa, con una apertura de 49 por ciento, debido a que los únicos afectados serán los usuarios de esos servicios que no tendrán más opciones. Se tomará como rehenes a los consumidores mexicanos para proteger el interés de unas cuantas empresas, advirtió el comisionado.

IP, contra autonomía amplia

El sector privado se opuso a la propuesta de otorgarle autonomía sin contrapesos a la Comisión Federal de Competencia y al Ifetel, instancias que serían creadas dentro de una reforma en materia de telecomunicaciones que se discute en el Congreso, porque colocaría a las empresas en un estado de indefensión.

Hemos afirmado que la autonomía de la CFC y el propio Ifetel es positiva. Con la misma claridad, señalamos nuestro total desacuerdo con una autonomía de poderes amplios, sin contrapesos, ni recursos efectivos de defensa legítima y legal a disposición de los entes regulados, divulgó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Aseguró que la iniciativa privada observa con mucha preocupación que en el paquete de reformas en telecomunicaciones se presenta una profunda modificación en el régimen de competencia económica, a nivel general, con cambios sensibles en las facultades, funcionamiento y la misma naturaleza de la CFC.

El CCE se refirió a una reforma al artículo 28 constitucional, en el que se crearía un régimen de competencia encabezado por un órgano constitucionalmente autónomo y con facultades que no tienen precedente en los 34 países que forman parte de la OCDE.

(Julio Reyna Quiroz)