Grupo Aeroméxico informó que al comenzar la revisión contractual con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), la empresa interpuso un conflicto colectivo de naturaleza económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para fortalecer estructuralmente a la compañía en beneficio de todos los empleados, clientes y accionistas.

Cuando una empresa interpone un conflicto colectivo de naturaleza económica busca modificar las condiciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo, o finiquitar el actual e imponer nuevas reglas que, por lo regular, van ligadas a la reducción de beneficios y modificación de jornadas, entre otros elementos.

Aeroméxico dio a conocer que en el comienzo de la revisión anual del contrato colectivo de trabajo con la ASSA, que encabeza Ricardo del Valle, los trabajadores presentaron un emplazamiento a huelga que estallaría el 31 de mayo del año en curso, fecha límite para concluir la revisión.

Al mismo tiempo, como uno de los componentes inherentes en este proceso, la compañía presentó un conflicto colectivo de naturaleza económica ante las autoridades competentes. El objetivo de este procedimiento es fortalecer estructuralmente a la compañía en beneficio de todos los empleados, clientes y accionistas.

Mediante una circular, Ricardo del Valle informó a sus compañeros sobre la medida tomada por Aeroméxico por segunda ocasión, con la cual busca amedrentar a los trabajadores en la negociación.

Nos parece indignante que de manera sorpresiva se plantee un reclamo tendiente a abaratar el costo de mano de obra, con la excusa de que en otras compañías los sobrecargos ganan mucho menos; también buscan que a futuro los trabajadores perciban menos que los actuales. El comité ejecutivo no ve condiciones para modificar o aceptar un contrato diferente al ya existente, señaló el secretario general de los sobrecargos.

De acuerdo con el artículo 900 de la Ley Federal del Trabajo, los conflictos colectivos de naturaleza económica son aquellos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. La junta tiene la obligación de conciliar entre empresa y sindicato para que lleguen a acuerdos convenientes para ambas partes.

El conflicto debe ir acompañado de documentos que comprueben la situación económica de la empresa y que sustenten la necesidad de las medidas que se solicitan.