os indígenas sentenciados por la masacre de Acteal, algunos de ellos confesos, que han sido liberados desde 2009, sí están regresando a sus comunidades, lo que contraviene los acuerdos y declaraciones oficiales de que serían reubicados. Su reinserción a la vida comunitaria no sólo es una afrenta para las víctimas, sino que vuelve a poner en peligro a sus familiares y la endeble paz de la región.

Las personas que viven en Acteal comienzan a vivir situaciones de riesgo y de tensión, tanto que su vida normal después de las liberaciones se ve coartada, advierte el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y no es para menos.

El pasado 10 de abril otros 15 indígenas sentenciados por participar en la matanza de 45 hombres, mujeres y niños de la organización civil Las Abejas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fueron liberados por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que hizo, incluso con asesinos confesos, lo que no ha hecho con el preso político más emblemático: Alberto Patishtán.

Fallas al debido proceso, violación de sus derechos, argumenta la SCJN. Por tanto, son libres y aunque supuestamente no pueden regresar a Acteal, lo cierto es que aseguran que los paramilitares han vuelto poco a poco al territorio.

La condena internacional por la matanza logró que el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se quedara sin trabajo y saliera de la escena pública. Aunque jamás se consignó a los autores intelectuales, decenas de indígenas fueron sentenciados y luego liberados. Chuayffet declaró esta semana que la matanza marcó la parte más triste de su vida como político; hoy enfrenta el conflicto magisterial y el rechazo a su reforma educativa.

Con la reciente liberación suman ya 73 personas consignadas fuera de prisión, quedando sólo siete tras las rejas por los hechos de Acteal, debido a un proceso que se inició en 2009 cuando, a partir de una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la SCJN empezó a revisar las sentencias con el argumento de que hubo irregularidades en el debido proceso.

Y el resultado es que el peligro para las comunidades continúa, pues aunque después de su liberación los ubican en una finca, paulatinamente regresan a Chenalhó donde viven sus familias, lo que pone en riesgo a los sobrevivientes.

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