Sanciones a la juez que utilizó pruebas ilegales para imputar delitos a los jóvenes procesados por los hechos del primero de diciembre, y que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, emita un pronunciamiento público sobre la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), demandaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Ante la recomendación, las autoridades involucradas deben aceptar su responsabilidad y que no quede duda de que diversos órganos del gobierno local cometieron violaciones a las garantías fundamentales.

En conferencia de prensa, Clara Meyra, del Centro Fray Francisco de Vitoria; Quetzalcóatl Fontanot, del Miguel Agustín Pro Juárez, y Édgar Cortez, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, entre otras organizaciones, expresaron que la organización, la libre manifestación de ideas y la protesta pacífica son derechos de los ciudadanos.

Meyra indicó que la recomendación sienta precedente en cuanto a mandos medios y superiores (sobre los cuales la CDHDF pidió que se interpusieran denuncias penales).

Las organizaciones demandaron la eliminación del uso de armas y artefactos menos letales en manifestaciones y reprobaron las violaciones al derecho a la protesta social, así como a la ininterrumpida criminalización de movimientos sociales.

Por otra parte, las organizaciones sociales que llevan la defensa de los 14 jóvenes que fueron sometidos a proceso ante los juzgados 47 penal, y 13 de delitos no graves, informaron que interpondrán denuncias penales ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Jesús Rodríguez Almeida; Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación Polical, y el ex subsecretario de la referida área Darío Chacón.

Asimismo, contra el ex titular de la agencia central de investigación número 50, Guillermo Terán Pulido, porque dio valor a los informes policiacos a sabiendas de que eran falsos; tomó declaración a los policías conociendo que falseaban la operación e integraron una averiguación previa con hechos falsos fabricando culpables, expuso Armando Barrera, abogado de Cauce Ciudadano.

En tanto, David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, manifestó que antes del 30 de abril presentarán la solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados contra el jefe de la policía capitalina, porque durante los hechos estuvo a cargo de la PGJDF, que consignó los expedientes. También solicitarán que la juez 47 penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, se excuse del caso.

Sobre cómo van a utilizar la recomendación en la defensa de los jóvenes, expusieron que el instrumento marca lineamientos técnicos soportados con diversos medios de prueba, los cuales harán llegar al juez para que los tome en cuenta, así como los videos.