En México se elevó en 163.8 por ciento el número de mujeres denunciadas por haber abortado a partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción, de 2009 a 2011.

En ese periodo, 679 mujeres fueron denunciadas por haber abortado, cuando de 1992 a 2007 fueron 62 en promedio.

Más grave aún es que el aborto se ha convertido en la tercera causa de muerte en el país en los años recientes. Tan sólo en 2010 provocó 11 por ciento de las muertes maternas en México.

Lo anterior fue dado a conocer por la directora de la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, al presentar el informe Omisión e indiferencia, donde se analiza el marco normativo e implementación de los derechos reproductivos del género en los ámbitos local y federal, así como los obstáculos que enfrenta en el ejercicio de sus derechos.

En conferencia de prensa, Tamés advirtió que aun cuando el aborto es legal en el país, no existe un acceso efectivo de las mujeres a los métodos de anticoncepción cuando el embarazo es producto de una violación, a pesar de que existe la obligación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud de ofrecerlos en un plazo no mayor a 120 horas, después de ocurrida la violación sexual.

Tampoco las procuradurías están dando autorizaciones para un aborto por violación. En los pasados cinco años sólo se emitieron 39, detalló.

La misma Procuraduría General de la República (PGR) no considera parte de sus obligaciones proveer información a las víctimas, a pesar de que tiene entre sus fiscalías la Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, indicó.

Son las mujeres más pobres, menos educadas e indígenas quienes tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias, precisó Tamés.

GIRE presentó parte de un video con testimonios de mujeres indígenas y de comunidades rurales que acuden a un centro de salud por sufrir un aborto, en algunos casos sin tener conocimiento de que estaban embarazadas.

Las propias mujeres, muchas de ellas indígenas, narran cómo el médico, la trabajadora social o la enfermera las denuncian, a pesar de que con ello violan el secreto profesional.

GIRE ha documentado casos de mujeres sujetas a procesos penales por abortar. En la mayoría de los casos se trata de personas con muy pocos recursos económicos y de información, particularmente de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Tamés destacó que actualmente existe en 17 entidades del país la legislación que protege la vida desde la concepción, y donde las mujeres están siendo criminalizadas.

Consideró que sería ideal que, como propuso el presidente Enrique Peña Nieto, exista un solo Código Penal en todo el país, en el que se elimine la tendencia de criminalizar el aborto y, por el contrario, se tome el estándar más alto que sobre el tema prevalece en el Distrito Federal.

GIRE presentará el documental Viva México, sobre la criminalización de mujeres por el delito de aborto.