En este momento en México hay ‘‘una grave crisis humanitaria’’ por la violencia inédita; las instituciones se encuentran claramente debilitadas y carentes de todas las capacidades que el momento demanda, y sólo encontrarán la fuerza e impulso que hace falta en la participación de la sociedad, afirmó el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes.

Como parte de los trabajos para la integración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se llevó a cabo la mesa Los derechos humanos en el nuevo bloque de constitucionalidad, que tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahí, ante integrantes de organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas, el también ex senador panista sostuvo que ‘‘México atraviesa un momento inédito de desgaste institucional; veo a las instituciones debilitadas y en muchos casos incapaces de alcanzar lo que la Constitución les exige’’.

Agregó: ‘‘Hay también un rompimiento del tejido social y una debilidad de los derechos humanos derivada de los índices de violencia, que son inéditos en nuestro país. Vivimos los estragos de una política que se orientó unilateralmente a combatir los grupos criminales sin una visión integral.

‘‘La estructura formal de las dependencias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia fue transformada para únicamente servir al objetivo de combate a la criminalidad, aunque con resultados poco efectivos; creció el número de organizaciones delictivas, los índices de criminalidad aumentaron y se diversificaron, los homicidios dolosos crecieron y la desaparición de personas tuvo un incremento alarmante’’, señaló. Aseguró que la respuesta gubernamental ante esta realidad ha incluido reformas a la Constitución para promover un mayor andamiaje que proteja los derechos humanos y dote de un nuevo sistema de justicia penal.

Alan García Campos, coordinador jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que si bien las reformas en esa materia han sido positivas, hay normas que debe ser revisadas por el Estado mexicano, como son el arraigo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y posibles laxitudes en el nuevo sistema de justicia penal.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que hoy el sistema penal atraviesa por una crisis; la encuesta de percepción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que más de 92 por ciento de los delitos cometidos no se denuncia y ello se debe –en la mayoría de los casos– a la impunidad y desconfianza en las instituciones. Aseguró que uno de los retos del actual gobierno será que cada funcionario público cumplan con su labor y al mismo tiempo se garanticen los derechos humanos.

Silvano Cantú Martínez, asesor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró por su parte que se están reditando las condiciones que en el siglo XVIII dieron origen al Estado moderno, ya que las nuevas legislaciones están cambiando el paradigma de las garantías individuales a otro de vigencia de los derechos humanos, y se están sentando las bases para una justicia reparativa. Consideró que uno de los males crónicos de la procuración de justicia es la impunidad, ya que 98 por ciento de los ilícitos quedan sin sanción.

Durante el encuentro, el asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, Romanic Ferreraro, reveló que esa organización humanitaria ha realizado diversas recomendaciones al gobierno mexicano para que se desarrolle un sistema único de expedientes de personas desaparecidas y protocolos para el tratamiento de restos humanos.