a cruzada nacional contra el hambre es una combinación de los afanes futuristas de la oportunamente piadosa Marta Sahagún al final del foxismo; de los teletones utilizados para lavar la imagen de muchos de quienes causan la miseria e injusticia, que luego palian ínfimamente con caridad televisable, y de la Solidaridad salinista, ahora restituida para nuevos planes electorales.

A esa carga negativa ya evidente, la cruzada en mención ha agregado un elemento distorsionador y delator: la participación filantrópica de firmas privadas que entran en auxilio del proyecto encabezado por la secretaria Rosario Robles con evidentes fines escenográficos y superficiales. Llama la atención de manera especial el caso de la Pepsi, uno de cuyos brazos, Quaker, elaborará fórmulas especiales de avena y cereales para repartir en las 400 localidades escogidas para el arranque del programa.

En términos nutricionales puede resultar valiosa la aportación que se hará mediante galletas y atole para madres embarazadas y pequeños, pero Pepsi es responsable, junto con la dominante del mercado: la omnipresente Coca Cola, y otras empresas productoras de comida chatarra, de buena parte de la obesidad y los cuadros de diabetes que constituyen un grave problema de salud pública. Otra firma invitada a la fiesta electoral de la secretaria Robles es Nestlé, también criticada ampliamente por el impacto negativo de salud de sus productos. Otros concurrentes en lo inmediato a lo que aquí se ha llamado Teletón Electoral son Cinépolis, Walmart y lo que se acumule.

Aceptar esa caridad circunstancial y contradictoria confirma que la tal cruzada solamente busca efectos inmediatos (a fin de cuentas, el hambre en sí puede ser combatida durante horas mediante el consumo de alimentos dañinos) y que en las alturas de la Sedesol (ésta es la denominación oficial: Sedesol, no Sedeso) solamente se busca hacer relaciones públicas, tratos de élite, concesiones luego cobrables, lavados de imagen con cargo a campañas futuras, recepciones de ayuda con cargo a posteriores compensaciones desde el erario y grilla con la vista puesta en las próximas elecciones, las intermedias y la presidencial, en la que la secretaria Robles podría aspirar a la búsqueda de la banda de tres colores, que ya alguna vez le colocó en privado Carlos Salinas de Gortari.

Por cálculos electorales partidistas, los michoacanos viven sin un gobernador en ejercicio verdadero del poder. Fausto Vallejo ha sido afectado por diversos factores negativos: de origen, las impugnaciones hechas por su principal adversaria, Luisa María Calderón Hinojosa, conocida como Cocoa y hermana de quien ocupaba Los Pinos al momento de los comicios estatales, quien llegó a señalar que el triunfo formal del ex presidente municipal de Morelia tenía detrás la fuerza de grupos de delincuencia organizada; luego, el calendario en contra, pues su periodo de gobierno solamente es de tres años y siete meses, recortado, al igual que sucedió con su antecesor, en aras de hacer que las próximas elecciones federales coincidan con las estatales, y, finalmente, por su estado de salud, que se ha ido agravando hasta colocarlo en una marginalidad cada vez más difícil de ocultar.

El virtual abandono del poder por parte de Vallejo ha tenido como remplazo al secretario general de Gobierno, Jesús Reyna García, con amplia carrera local y federal dentro del PRI, quien fue candidato a gobernador en 2007, cuando el ganador resultó el perredista Leonel Godoy. Reyna negoció con Vallejo para que el PRI presentara a éste como candidato de unidad en 2011 (aunque la toma de posesión del gobierno fue en 2012), ya entre versiones de problemas de salud de quien finalmente quedó como mandatario formal.

La existencia de ese gobernador de facto, Reyna García, es una solución provisional que daña la estructura institucional –de por sí bastante deteriorada– de esa entidad y que coloca a los michoacanos en una suerte de estado de interdicción, sujetos a una privación de derechos políticos, despojados por razones médicas de la persona a la que oficialmente eligieron por mayoría para gobernar, y gobernados en la práctica por un funcionario sin legitimidad electoral ni fuente de poder más que derivada de una decisión discrecional del mandatario enfermo e incapacitado.

El fondo de esa doble simulación (simular que Vallejo sigue gobernando desde el filo hospitalario y simular que Reyna puede seguir gobernando sin legitimidad) tiene que ver con los tiempos y las negociaciones. La Constitución michoacana establece que, en caso de producirse la falta de un gobernador en los primeros dos años de su periodo, el Congreso local deberá nombrar un interino que convoque a una elección de sustituto. Si la falta se produce en los últimos cuatro años del periodo para el que fue electo, el Congreso nombrará directamente al sustituto. Los dos primeros años de gobierno se cumplirán el 15 de febrero de 2014, pero al mismo tiempo Vallejo está en los últimos cuatro años, pues su periodo es de tres años y siete meses.

Además, para estas decisiones del Congreso se necesita que las bancadas del PAN o el PRD apoyen al PRI (cuya carta fuerte, pero negociable, es Reyna García), que no tiene mayoría de diputados locales, lo que abre un abanico de especulaciones que (incluso contemplando factores de la política nacional que podrían ser pagados en lo local) contemplan a la panista Calderón Hinojosa y al perredista Silvano Aureoles, aunque el senador priísta Ascensión Orihuela, reputado como jefe de decisorios factores de poder de Michoacán, sería bien visto en las alturas pinoleras como candidato a la corta sucesión, a pesar de los díceres.

Y, mientras a los dirigentes de los profesores en protesta los citan a dialogar mientras a la salida les mantienen órdenes de aprehensión, ¡hasta mañana, con Ángel Aguirre entre varios fuegos políticos!

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