l subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, dijo ayer que el Ministerio Público deberá decidir si llama a declarar al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, en el contexto de las pesquisas que la dependencia lleva a cabo por las violaciones a los derechos humanos registradas durante la detención de Florence Cassez, en diciembre de 2005.

La posibilidad de que García Luna sea imputado por las irregularidades cometidas en el operativo de la detención –entre las que destacan haber obligado a los capturados a participar en un montaje televisivo– hace necesario recordar que esos hechos ocurrieron antes de que ese ex funcionario fuera designado al frente de la SSP, cuando se desempeñaba como director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, y que incluso desde antes arrastraba ya un historial de dudoso apego a la legalidad, que incluia una investigación por presuntas irregularidades en la compra de 11 aeronaves durante su gestión como coordinador general para la Prevención en la Policía Federal Preventiva.

No obstante los señalamientos que pesaban sobre él y algunos de sus más cercanos colaboradores –caso concreto, Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna y que en 1987 fue acusado y detenido por su participación en un triple homicidio–, el ex funcionario fue premiado por Felipe Calderón con el nombramiento de titular de la Secretaría de Seguridad Pública, desde donde desempeñó un papel protagónico en el diseño y aplicación de la desastrosa estrategia de seguridad y contención de la delincuencia de la pasada administración –con el consecuente saldo de miles de muertos y desaparecidos–, y operó la inadmisible abdicación de potestades soberanas observada en el marco de la guerra contra el narcotráfico: resulta esclarecedora, al respecto, la información contenida en los cables de Wikileaks y publicada por este diario ( La Jornada, 25/5/11), en el sentido de que en febrero de 2007 García Luna ofreció libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública a Michael Chertoff, entonces secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos.

Al desbarajuste en materia de seguridad y pérdida de soberanía se suma el grado de descomposición interna que alcanzó la SSP durante la gestión de García Luna, descomposición que se expresó con la detención de muchos de los más cercanos colaboradores del ex secretario en el marco de la denominada Operación limpieza, y en episodios como el enfrentamiento entre policías federales ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en junio de 2012, y el ataque de efectivos de esa misma corporación a una camioneta en que viajaban agentes estadunidenses y un integrante de la Marina, ocurrida en Huitzilac, Morelos, en agosto de ese mismo año.

Sin desconocer la gravedad de las faltas en que pudo haber incurrido García Luna en el caso de Cassez, que a la postre abrieron un margen para la incertidumbre y la impunidad irremediable, en la medida en que no se pudo determinar la culpabilidad o inocencia de la ciudadana francesa, hay muchas otras razones, y de mayor peso, por las que se debieran emprender pesquisas judiciales contra el ex mando policiaco. La actual situación de violencia descontrolada y quiebre del estado de derecho –que persiste a pesar de que el actual gobierno se empeñe en no hablar de ella– no podrá ser superada en la medida en que no se revierta el derrumbe institucional que le dio origen y no se sancione a los principales responsables de ese deterioro, entre los que el propio Genaro García Luna ocupa un lugar principalísimo.