El actual gobierno del país ha demostrado una gran falta de interés por otorgarle justicia a los padres que perdieron a sus hijos en el incendio de la guardería ABC –ocurrido el 5 de junio de 2009–, por lo que éstos solicitarán una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Así lo afirmó José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, durante la movilización que dicho colectivo realizó ayer en el Ángel de la Independencia, donde decenas de personas recordaron con banderas azules, rosas y blancas a los 49 niños que murieron en el siniestro, así como a los 76 que resultaron heridos.

“Ha habido un desfase con la anterior administración y no se ha retomado la búsqueda de justicia para nosotros. Ni siquiera ha habido seguimiento a los avances que implica la Ley de Centros de Cuidado Infantil, mejor conocida como Ley 5 de Junio, con la que los padres pueden saber en dónde están dejando a sus hijos”, lamentó el activista.

A 46 meses del incendio, añadió, sigue sin haber castigo para todos los responsables de mantener una guardería en condiciones tan riesgosas y todavía no se le ha otorgado la ayuda necesaria a todos los padres cuyos hijos fallecieron ese día.

Le entregamos un documento a la Presidencia de la República para que le dé seguimiento formal a la ley que impulsamos, aprobada el 24 de octubre de 2011, pero la difusión de esta herramienta ha sido nula. Podría facilitar que la gente sepa dónde están dejando a sus niños y mejorar las condiciones de protección civil de estos lugares, pero no le hacen caso, denunció.

Queremos saber cuál es la razón de este desinterés y apatía. En más de tres meses del nuevo gobierno, no ha habido interés ni acercamientos con nosotros. Exigimos que el Ejecutivo y la PGR amplíen el ejercicio de la acción penal contra todos los responsables de lo ocurrido, enfatizó García Quintana, quien próximamente viajará a Campeche y Yucatán para impulsar legislaciones locales de protección a los menores que permanecen en guarderías.