l 26 de marzo pasado entró en vigencia en Estados Unidos una cláusula legal que permite a Monsanto y las otras trasnacionales de transgénicos ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos transgénicos, sea por irregularidades en su aprobación, por falta de evaluación de impactos ambientales o de salud, por nuevas evidencias científicas que señalan daños sanitarios o cualquier otra razón. Es una excepción sin precedentes a nivel global, bautizada Acta de protección a Monsanto.

Con esta decisión, Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer y Basf, las transnacionales que controlan los cultivos transgénicos, quedan por arriba del sistema judicial. La decisión va también contra la separación de poderes, ya que impide que el poder judicial revise las decisiones de los otros.

Sienta un precedente gravísimo en Estados Unidos y en el mundo. Refrenda un sistema de aprobación de transgénicos altamente fallido, que se basa en que los datos sobre impactos los declara la propia empresa que tiene intereses de lucro en su liberación. Además impide las iniciativas de organizaciones civiles, que han logrado en Estados Unidos algunas resoluciones judiciales deteniendo la liberación de cultivos transgénicos que no han sido sometidos a evaluación de impactos ambientales o frente a los cuáles hay evidencia de potenciales daños severos. Con el acta de protección a Monsanto, ninguna corte podrá pedir la interrupción de siembras. Tampoco los estados pueden legislar sobre los transgénicos, ni en su propio territorio.

El texto decidido está en un párrafo intencionalmente complicado y difícil de entender, en un documento de 90 páginas sobre diversas competencias federales (abreviado HR 933). Fue introducido subrepticiamente por el senador Roy Blunt, quien por años ha recibido cuantiosos donativos de Monsanto e incluso reconoció que lo redactó junto con la empresa. Varias organizaciones civiles denunciaron el peligro de esta decisión antes de su aprobación, logrando más de 250,000 firmas pidiendo el rechazo a la cláusula. La senadora Bárbara Mikulski, presidenta de la comisión que dictaminó favorablemente el proyecto, pidió ahora disculpas públicas por esta decisión.

Pese a que es una legislación estadounidense, tiene gran impacto en el planeta, porque amplía el horizonte y paquete legal de las trasnacionales de transgénicos contra los intereses públicos de los países, contra el medio ambiente, la salud animal y humana. En ese contexto se ubican las leyes Monsanto (mal llamadas leyes de bioseguridad), que en todo el continente han sido redactadas por empresas, con científicos acríticos y generalmente financiados o por otras vías recibiendo dinero de las empresas. El caso de México con la ley de bioseguridad, llamada ley Monsanto desde su aprobación, es uno de ellos. El gobierno ha ido dictando normativas complementarias para desarmar cualquier uso de la ley en un sentido precautorio. Quizá el más burdo es el de noviembre pasado, cuando para dejar sin efecto el artículo 88 de la ley de bioseguridad, que impide la liberación de maíz transgénico por ser México su centro de origen, el gobierno cambió el mapa reconocido mundialmente de centros de origen, alegando que hay zonas de México que no lo son. Esto a contrapelo del estudio de 70 instituciones y cientos de científicos, coordinado por la Conabio, que refrendó recientemente que todo México es centro de origen.

Las empresas necesitan estas leyes que impidan a los ciudadanos y las cortes tomar medidas legales, porque sus transgénicos están fallando en grande y provocando problemas gigantescos. En los estados de Paraná y Brasilia, en Brasil, la Red Globo reportó la semana pasada el fracaso del maíz Bt con resistencia a insectos, porque los gusanos cogolleros devoraron el maíz transgénico luego de haber desarrollado resistencia a la toxina que se suponía los mataría. Por culpa de los transgénicos resistentes al glifosato, más de la mitad de las fincas estadounidenses han sido invadidas por supermalezas que los herbicidas no pueden matar. En el estado de Georgia, el 92% de las propiedades tiene supermalezas que resisten uno o varios agrotóxicos. (Tom Philpott, Mother Jones 6/2/13). Para tratar de vencer esas supermalezas, las transnacionales están introduciendo transgénicos resistentes a los herbicidas hipertóxicos dicamba y 2,4 D (éste último componente del Agente Naranja). El aumento de contaminación de suelos, aguas y gente será indescriptible. En los últimos meses hemos visto reportes científico de gran trascendencia, mostrando que maíz transgénico produjo cáncer en ratas y que en la mayoría de los transgénicos hay partes de un virus no detectado por las autoridades, que puede tener efectos sobre la salud de los que los consumen. Por todo esto y más, las empresas quieren impunidad legal para sembrar transgénicos.

La buena noticia es que las solicitudes de Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow para plantar maíz transgénico en más de un millón de hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas ya caducaron, aunque el gobierno no lo ha anunciado. Sin duda las numerosas protestas nacionales e internacionales contra la liberación de maíz en centro de origen dieron fruto. Pero Monsanto ya introdujo tres nuevas solicitudes para liberación comercial masiva de maíz transgénico en Chihuahua, Coahuila y Durango. Están en consulta pública hasta el 29 de abril (www.senasica.gob.mx/?id=1344).

Como vemos, el tema de transgénicos no es sólo sobre impactos ambientales y de salud, que son graves. Se trata en el fondo de si las trasnacionales tomarán las decisiones fundamentales sobre las bases de nuestra sobrevivencia, en contra nuestra y con total impunidad.

*Investigadora del Grupo ETC