Madrid, 5 de abril.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, presentó finalmente el recurso de apelación a la imputación y comparecencia de la infanta Cristina, tal como le habían sugerido que hiciera el gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy y los voceros oficiales de la casa real. Ante el cambio de estrategia de la fiscalía, el juez instructor, José Castro, decidió suspender de forma cautelar la comparecencia fijada para el próximo 27 de abril, al menos hasta que la sala de la audiencia provincial de Palma de Mallorca resuelva la controversia. En todo caso, la hija de los reyes de España ya contrató un abogado, el prestigioso penalista catalán Miquel Roca, cuyos emolumentos no serán financiados por las arcas del Estado.

Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución, ha recibido el encargo personal del rey Juan Carlos de defender a la infanta Cristina en el caso de que no prospere el recurso de la fiscalía contra su imputación en el caso Nóos, asegura La Vanguardia.

Según el diario, Roca contará para la defensa de la infanta con el penalista Jesús María Silva, cuyo despacho colabora en causas penales con el de Roca.

Miquel Roca, que a finales de mes cumplirá 73 años, fue uno de los fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), diputado entre 1977 y 1995, y uno de los siete redactores de la Constitución de 1978.

El caso Nóos se ha convertido ya en el mayor escándalo de la familia real, que podría convertir a la infanta Cristina –la segunda hija de los monarcas– en la primera integrante de una casa real europea en comparecer ante un tribunal como imputado de graves delitos. El origen de la acusación es el entramado de empresas que creó su marido, Iñaki Urdangarin, junto a su socio, Diego Torres, con la finalidad de lograr contratos públicos, la mayoría de administraciones gobernadas por el conservador Partido Popular (PP), como Madrid, Valencia y las Islas Baleares. El juez sospecha; con base en numerosas pruebas, que entre 1999 y 2004, Urdangarin podría haber desviado fondos públicos en beneficio propio por más de 13 millones de euros, utilizando en ocasiones organizaciones filantrópicas que aparentemente luchaban contra el hambre infantil en África, pero que en realidad esos fondos que conseguía los depositaba en paraísos fiscales o los invertía en el mercado inmobiliario.

Cristina de Borbón fungía como vocal y pertenecía al consejo de administración de dos de las empresas del entramado, pero a pesar de ello no había sido imputada porque se consideraba que no había tenido una función activa en las operaciones cotidianas de la red. Una hipótesis que cambió recientemente, sobre todo a raíz de que el otro principal imputado, el ex socio Diego Torres, entregó una serie de correos electrónicos en los que quedó probada que la infanta conocía y participaba de las operaciones y decisiones de las organizaciones.

El recurso del fiscal Horrach rompió la sintonía que había hasta ahora con el magistrado, que quedó patente además en el recurso de apelación que presentó y en que sugiere que la decisión de imputar a la hija de los monarcas se basa en una mera sospecha personal. El fiscal, que antes de presentar el recurso recibió el apoyo de la casa real y del gobierno de Mariano Rajoy, se preguntó en su recurso: ¿Qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente la argumentación de hace un año? Absolutamente ninguno. No alcanza este fiscal a comprender por qué sólo unos meses más tarde se apela a los mismos hechos y datos para sustentar la conclusión contraria.

En un tono más directo le recuerda al magistrado que el procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola.

Esta controversia entre fiscalía y magistrado tiene una consecuencia inmediata: la suspensión cautelar de la imputación y comparecencia, que terminará cuando la audiencia provincial de Palma de Mallorca –una sala integrada por tres magistrados– decida quién tiene la razón, si las tesis del juez o los argumentos del fiscal. En casos similares en los que se ha producido el mismo dilema, la decisión de la justicia ha sido respetar la autonomía del juez y respaldar su visión del procedimiento, pero en este caso las presiones son muy fuertes y de las más altas instituciones del Estado.