En un intenso debate, especialistas en temas jurídicos y de adicciones manifestaron diferentes posiciones en torno a la posibilidad de una regulación de la mariguana para uso terapéutico y recreativo.

Durante el segundo coloquio Derecho y políticas de las adicciones en México, análisis y propuestas sobre la regulación terapéutica de la mariguana, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los expertos analizaron pros y contras, advirtieron sobre riesgos y ventajas, e hicieron una desmitificación de algunas ideas sociales en torno a esa sustancia.

Edgar Corzo Sosa y Susana Thalía Pedroza de la Llave, investigadores del IIJ, subrayaron que la regulación de esta sustancia permitirá una mayor recaudación de impuestos y un ahorro sustantivo del gasto del gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado, recursos que podrían usarse en beneficio de programas sociales y pueden ser una mejor opción a imponer IVA a alimentos y medicinas.

En contraparte, Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), se pronunció en contra de que ese producto se regularice debido a que –dijo– es dañino para el sistema nervioso central, aun si se usa como método terapéutico.

Enrique Carpizo, del IIJ, manifestó que en el país existe una incongruencia ya que se permite el uso recreativo –la Ley General de Salud permite que un usuario pueda consumir cinco gramos–, pero se prohíbe el uso médico, que sería benéfico para contrarrestar los síntomas en enfermos terminales de VIH, cáncer o esclerosis múltiple.

Para apoyar su hipótesis en favor de la regulación, que no legalización, aclaró, Corzo Sosa expuso que la reciente aprobación en Washington y Colorado para uso recreativo de la mariguana, permitirá una recaudación anual de 283 millones de dólares anuales: 110 millones por vía tributaria y 173 millones por el ahorro en el gasto del cumplimiento de leyes que penalizan esa sustancia. Agregó que en el Distrito Federal hay cerca de 75 mil usuarios de este producto, que gastan cerca de 386 millones de pesos al año.

Con esa medida el Estado podría ahorrar en lo que hoy se destina para equipar a los policías que combaten el tráfico de mariguana, en la persecución y procesos contra quienes la comercian, los agentes del Ministerio Público, jueces, las prisiones y lo que representa internar a alguien en ellas, entre otros costos. Además de recaudar impuestos por su venta.

Al respecto, Pedroza de la Llave indicó que con ese gasto en seguridad la administración pública deja de aportar recursos a programas sociales, lo que afecta directamente a la población.

Por su parte, la directora del CIJ se opuso totalmente al uso de la mariguana, salvo en casos donde se busque aliviar el dolor de enfermos terminales de cáncer. Al responder a la propuesta de cobrar impuestos por las ventas, subrayó que por ejemplo en el caso del tabaco se recaudan 40 mil millones de pesos al año, y aun así resulta más costoso para el sistema de salud la atención a quienes padecen enfermedades relacionadas al tabaquismo.

Alertó que la mariguana tiene 400 componentes químicos cancerígenos iguales a los del tabaco y que su concentración de THC (sustancia activa) se ha incrementado al pasar de 5 por ciento en los años 60 a 20 por ciento actualmente. Agregó que con su consumo existe riesgo de sicosis, retraso en la respuesta motriz, daño en la memoria, en la atención y el aprendizaje; además que no se han evaluado suficientemente sus efectos sicoactivos en el uso terapéutico.