Socios de la cooperativa Colima Caja Popular presentaron cinco denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por un presunto fraude de alrededor de 74 millones de pesos dentro de esta sociedad de ahorro y préstamo, por lo que pidieron que se integre una comisión de vigilancia para revisar sus estados financieros actuales.

Los denunciados son el presidente y el vicepresidente del consejo de administración de esta caja popular, Felipe Cárdenas y Rafael Ordorica, respectivamente, a quienes acusan de disposiciones de bienes y dinero de la cooperativa, autopréstamos, alteración de cuentas o condiciones de contratos, reporte de gastos inexistentes o exageración de los reales, más lo que resulte.

María Elena Abaroa López, socia de esta cooperativa, exigió su inclusión en esta comisión de vigilancia que se formó desde el pasado 3 de marzo, de la cual fue excluida posteriormente por órdenes del presidente del consejo de administración, Felipe Cárdenas.

La primera denuncia contra Colima Caja Popular fue presentada en 2009 contra Cárdenas y Ordorica con el expediente 429/2009; sin embargo, a raíz de que la caja popular dejó de pagar intereses a sus socios, a mediados de 2012, se presentaron otras cuatro denuncias más.

En ellas, señalaron a Rafael Ordorica de haber beneficiado a Ramona Ordorica Verduzco por 4 millones 685 mil 860 pesos; Rosa María Ordorica Verduzco por 4 millones 740 mil 107 pesos y a su empresa, Radio Colima, por 4 millones 325 mil pesos. Cooperativa Colima Caja Popular tiene cinco sucursales, dos en la capital; Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, cuentan con una.

En Acapulco, Guerrero, Deny Guzmán Toledo, representante de más de 5 mil 237 familias defraudadas por la financiera Amor en 2006, señaló que las investigaciones continúan detenidas dado que la procuraduría estatal no ha dado seguimiento a las indagatorias, y responsabilizó a la coordinadora de asesores de la dependencia, Anacleta López Vega, de obstaculizar procedimientos pendientes.

Explicó que la fiscalía no ha entregado copias certificadas de los expedientes, necesarias para continuar el trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para comenzar con el resarcimiento a los afectados. Este jueves fue suspendida una mesa de trabajo con la procuraduría, pero señaló que este viernes será atendida por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Amor se instaló en 2006 en Tlapa de Comonfort, en la región de la Montaña, y otros 22 municipios a través de diversas sucursales que operó a mediados de 2009. Las víctimas de fraude depositaban desde 10 mil hasta 200 mil pesos, a través de un esquema de pirámide, a cambio de becas, proyectos productivos y cajas de ahorro, las cuales nunca fueron entregadas.