La junta de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, instruyó al área jurídica de la compañía eléctrica resolver de manera pronta y expedita el litigio legal contra la empresa FGG Enterprises LCC, que defraudó a la paraestatal con al menos 32 millones de dólares en pagos anticipados por la venta de dos turbinas que nunca entregó.

Lo anterior ocasionó un costo, aún no cuantificado, por el retraso en la entrada en operación del proyecto 171 CC Agua Prieta II (con campo solar), inicialmente programado para mayo de 2013, financiado con una parte de recursos del Banco Mundial y que sería el primero y único en su tipo en América Latina.

El máximo órgano de gobierno de la CFE pidió al abogado general de la eléctrica mexicana, César Augusto Santiago Ramírez, presente la situación, avances y estrategias legales relacionadas con las turbinas no entregadas por el proveedor.

En su carácter de coordinadora de sector y de residente del Comité del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, la Sener también pidió al abogado de la CFE que se le presente un programa calendarizado de acciones a ejecutar, tendientes a que se concluya el proyecto 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) lo antes posible para satisfacer la demanda de esa región y que se pueda aprovechar la infraestructura construida y suspendida por falta de los turbogeneradores, así como la de sus obras asociadas.

La Sener con la presencia del órgano interno de control y de la unidad de asuntos jurídicos de la propia Sener y del órgano interno de control de la CFE, a cargo de Raúl Robles Segura, estableció también que el representante legal de la CFE presente el 25 de junio una evaluación del impacto económico estimado derivado del retraso de la entrada en operación del proyecto 171 CC Agua Prieta II (con campo solar).

Este proyecto se financió con dinero público y privado. El gobierno mexicano recibió de Estados Unidos una donación del Fondo Global Ambiental, a través del Banco Mundial, de 49 millones 350 mil dólares.

El costo total del proyecto inicialmente estaba calculado en 347 millones de dólares. Según datos del Banco Mundial, el proyecto busca los beneficios de integrar la energía solar con una planta térmica convencional y, a largo plazo, la disminución de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Se estima que esta reducción de carbono pueda llegar a 391.270 toneladas de dióxido de carbono durante los próximos 25 años, que es la vida útil de la planta.

El proyecto está ubicado a más de seis kilómetros de Agua Prieta, a dos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El campo de energía solar tendrá, una vez concluido, una potencia de 31 megavatios (MV) y la planta térmica alimentada por gas será de 480 MV.

Después de más de dos años de retraso se espera que una vez acabado proveerá de energía eléctrica a los estados del noroeste, generando hasta 535 megavatios. El proyecto comprenderá desarrollar, diseñar, construir, probar y poner en servicio un campo solar, para lo cual debe considerar el suministro adicional de vapor equivalente a 12 MW eléctricos, provenientes del campo solar.

Actualmente el abogado Marco Antonio Delgado, representante de FGG Enterprises LCC, enfrenta un proceso en cortes estadunidenses por presunto lavado de dinero.

A principios de marzo de 2013, un gran jurado federal en El Paso, Texas, acusó de 17 cargos a ese abogado estadunidense, entre ellos de un presunto fraude por 32 millones de dólares contra la paraestatal mexicana .

Esta es la segunda acusación en contra de Delgado, detenido en una cárcel federal en El Paso, luego de ser aprehendido en noviembre pasado bajo cargos de lavado de dinero por unos 600 millones de dólares a favor del mexicano cártel del Milenio.