Cañada del Curtidor, Tlaxiaco, Oax., 28 de marzo.

Quince familias indígenas triquis exiliadas de Valle del Río San Pedro a causa de la violencia en la zona buscan aún su tierra prometida, ya que fueron rechazados de esta comunidad, donde el Estado mexicano las había reubicado en atención a medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un bloqueo en el camino para impedir el paso de alimentos, camas, mesas, sillas y enseres domésticos evidencia la oposición total de los pobladores de Cañada del Curtidor a recibir a las 15 familias. Aunque se siente uno mal y duele, hay que aceptar las cosas, no nos quieren aquí, afirmó Eva Gómez Santos, representante de los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas el 29 de mayo de 2012.

Las 15 familias, integradas por 77 personas, entre ellos varios niños, dejaron Valle del Río el 3 de agosto pasado y se trasladaron a Tlaxiaco, ante las constantes agresiones con armas de fuego por sujetos desconocidos.

En uno de estos ataques, el 8 de mayo de 2012, cuatro hombres provistos de rifles de asalto Ak-47 ingresaron a la comunidad en un vehículo y asesinaron en sus domicilios a tres indígenas triquis: Jaime Ramírez, Joaquín González y Eulogio López.

El éxodo de estas familias se inició años antes, en 2008, cuando los triquis salieron de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y La Ladera, a causa de la violencia generada por organizaciones y partidos políticos, intolerancia religiosa y por grupos armados, para fundar Valle del Río San Pedro.

Eva Gómez dijo que las 15 familias indígenas llegaron al paraje El Yugite de Cañada del Curtidor el pasado día 8, procedentes de la ciudad de Tlaxiaco, donde se encontraban albergados temporalmente en la bodega de un hotel, para establecer su nuevo lugar de residencia. Aquí estamos mejor, juntos como antes; en el hotel estaban los niños encerrados y no tenían la libertad de jugar y correr, señaló.

Explicó que el predio, que incluye una casa amplia de madera y una cocina, fue adquirido por el gobierno estatal para su reubicación, como parte de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano con la CIDH, en una reunión de trabajo celebrada en octubre del año pasado en la ciudad de Washington. Precisó que la superficie fue escogida por ellos mismos por su cercanía con Tlaxiaco y la posibilidad de acceder a escuelas y clínicas. Es el lugar que más cerca queda; así los niños pueden regresar a clases e ir al doctor por si se enferman, indicó.

Añadió que la comunidad de Cañada del Curtidor se opone a la reubicación de los indígenas triquis, por considerar que propiciarán problemas de seguridad. Eso es lo que dicen ellos, que son una comunidad tranquila y que solamente originaremos problemas, apuntó.

Entre las familias triquis exiliadas hay varios menores de edadFoto Octavio Vélez

Eva subrayó que desde el mismo día de su llegada los pobladores de Cañada del Curtidor instalaron un bloqueo en el camino para impedir el paso de alimentos y vehículos con su mudanza. No nos permiten pasar comida ni acarrear nuestras cosas; venían tres camionetas con las camas, las mesas, las sillas y los trastes, pero no las dejaron pasar. Solamente he podido pasar una paca de cobijas y un poco de ropa, señaló.

Recordó que fue necesaria la intervención del Estado mexicano, porque los pobladores de Cañada del Curtidor se niegan a dialogar y a toda posibilidad de aceptar a los triquis en sus tierras. No quieren el diálogo, quieren que nos salgamos; les hemos pedido tiempo para que nos conozcan y vean qué gente somos, pero no quieren. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, a hacer tequio (trabajo comunitario), añadió.

De acuerdo con Gómez Santos, si no tienen posibilidad de quedarse, las 15 familias están dispuestas a buscar un nuevo lugar para su reubicación y evitar hechos de violencia con la comunidad de Cañada del Curtidor. Si no se puede, pues nos vamos, pero estamos decididos a quedarnos en Tlaxiaco; si no es aquí será en otro pedazo. Ya es justo que podamos tener otra vida, dijo.

Mientras, el agente municipal de Cañada del Curtidor, José Luis Santiago Pérez, confirmó que la comunidad decidió no permitir el ingreso de los triquis por el riesgo a la seguridad. Sabemos por comentarios y por información publicada que han estado involucrados en hechos de violencia; no nos consta, pero nos preocupa que eso pase aquí, añadió.

Destacó que los triquis no tomaron en cuenta a la autoridad municipal ni a la comunidad para establecerse en Cañada del Curtidor. Cuando nos dimos cuenta, ya estaban aquí, aseguró. Ante esto, pidió al Estado mexicano la reubicación de los indígenas, porque no habrá autorización para su estadía.

A su vez, Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), peticionario de las medidas cautelares ante la CIDH, dijo que la determinación de Cañada del Curtidor, impulsada por el presidente municipal priísta de Tlaxiaco, Germán Simancas Bautista, constituye un acto discriminatorio en contra de los triquis. A las familias las han etiquetado como violentas y conflictivas, cuando por décadas han sido víctimas de discriminación y violencia, principalmente las mujeres, afirmó.

Santiago Reyes anunció que el CEDHAPI presentará el caso ante las relatorías Especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo Racial, Xenofobia y Formas Conexas y de los Derechos de las Mujeres de la Organización de Naciones Unidas, así como en el secretariado general sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas.