Organizaciones de defensa de los derechos humanos manifestaron que la propuesta del diputado panista Jorge Francisco Sotomayor para incorporar el delito de ataque a la paz pública al Código Penal Federal no sólo vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, sino que, además, de prosperar, constuituiría un grave precedente antidemocrático, ya que pondría en riesgo el ejercicio de otros derechos fundamentales.

El legislador panista presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que representa una contrarreforma a lo aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado –que dejó de considerar delito grave el ataque a la paz pública– y propuso sancionar con prisión de 10 a 20 años y suspensión de derechos políticos a quienes realicen actos en contra de las personas, cosas, servicios públicos o privados; que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas.

Lo anterior, en alusión a los incidentes ocurridos el primero de diciembre pasado, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia.

Las organizaciones, entre ellas el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, subrayaron que el respeto, la protección y garantía de la libre expresión es una condición ineludible de un Estado democrático.

Sostuvieron que la libertad de acción es un derecho humano, y al igual que otras garantías, como las de asociación, de participación política o de tránsito, no es susceptible de ser acotada, aun si se trata de salvaguardar un bien mayor, como expresa en su exposición de motivos el diputado panista.