Luego de condenar el asesinato del alcalde de San Juan Mixtepec, Oaxaca, el secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), Sergio Arredondo Olvera, apremió al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) a tomar cartas en el asunto e instaurar un programa para proteger la integridad física y las actividades de los ediles ubicados en las zonas de alto riesgo, como se hizo en Colombia en los años 90.

Informó que con el homicidio de Feliciano Martínez Bautista –cometido la madrugada del pasado domingo– suman 33 los presidentes municipales asesinados por el crimen organizado de 2006 a la fecha. Esta es la segunda ejecución de un alcalde en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta circunstancia ratifica el momento tan difícil que ya sabemos que vive el país en materia de inseguridad, particularmente para los alcaldes y funcionarios municipales. Es lamentable, pero ya llevamos 33 asesinatos en los años recientes, agregó Arredondo. Expresó que otro hecho que preocupa a la sociedad es la impunidad con que operan esas organizaciones delictivas.

Lamentó que esta exigencia de que se brinde seguridad, hecha hace más de tres años por la Fenamm, no se haya atendido.

Nos parece urgente. Es un programa en el que tratamos de repetir lo que ocurrió en Colombia, donde sucedió algo parecido a inicios y mediados de los años 90, y se estableció un programa orientado a ese objetivo: salvaguardar la integridad física y resguardar la actividad de los alcaldes.

El resultado, agregó, fue una notoria disminución en el número de atentados contra la integridad de los alcaldes. No pretendemos ni queremos inventar nada, eso ya existe.

Piden medidas preventivas

En entrevista con La Jornada, el presidente de la Fenamm, organización ligada al Partido Revolucionario Institucional, consideró que aunque en meses recientes se ha observado un ambiente un tanto diferente en el país, en la realidad el problema de la inseguridad persiste. Las organizaciones criminales continúan con el hostigamiento a los alcaldes, apuntó.

Expresó su preocupación por que las autoridades de los ayuntamientos, aun cuando no tienen responsabilidad constitucional directa en el combate contra esos grupos delincuenciales, sufren los efectos de hostigamiento, presión, asedio y persecución de los criminales.

Añadió que esa situación se da principalmente en municipios alejados, que tienen debilidad institucional para enfrentar esos hechos y no cuentan con cuerpos de seguridad profesionales.

Por fortuna sucede cada vez menos en los municipios donde hay mayor capacidad institucional para garantizar la seguridad no sólo de los alcaldes, sino de los funcionarios municipales, aseveró.

Aclaró que el programa propuesto no plantea la adquisición de vehículos blindados o de duplicar el número de policías que salvaguardan a los alcaldes, sino que a partir un diagnóstico se tomen medidas de carácter amplio y preventivo.

Nos preocupa también, dijo, la impunidad de los actores materiales e intelectuales de esos hechos delictivos. La Fenamm pidió además dar seguimiento escrupuloso a las investigaciones de esos ilícitos para atender mejor las causas.

De acuerdo con las cifras de la Fenamm, los 33 asesinatos se concentran en 14 entidades. Durango y Michoacán son los estados donde se ha cometido el mayor número de ejecuciones, con cinco cada uno, y 2010 fue el más trágico, con 12 muertes violentas de alcaldes, la mayor cantidad en el gobierno de Felipe Calderón.