Madrid, 25 de marzo.

Son ciudadanos afectados por los desahucios, muchos de ellos desesperados por la falta de empleo, de perspectivas, y además víctimas de lo que consideran un sistema y una legislación injustos. Para encauzar su indignación se han organizado en plataformas con las que reivindican un cambio de legislación hipotecaria, que incluso fue tildada de ilegal por las autoridades y tribunales europeos. Pero el gobierno español del conservador Mariano Rajoy los acusó de apoyar a grupos pro etarras y de convertirse en un grupo filoetarra. Una acusación grave y que es un paso más en la estrategia de criminalización de uno los movimientos sociales más activos y organizados, tras la irrupción de la crisis en España.

Hace unas semanas la vocera de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, compareció en el Congreso de los Diputados para presentar ante los parlamentarios más de un millón y medio de firmas que respaldaron una propuesta para cambiar la legislación hipotecaria, a fin de incluir una condición que existe en prácticamente todos los países: la dación en pago. Es decir que una vez ejecutado un desahucio o lanzamiento, la deuda queda saldada con la entrega del inmueble y no como ocurre actualmente en España, que no sólo no desaparece sino que los intereses se incrementan en más del doble.

El caso es que Ada Colau compareció ante el Parlamento español, se entrevistó con los voceros de todos los grupos parlamentarios –incluido el conservador Partido Popular (PP)– y lograron la aprobación de la moción para que al menos fuera debatida y votada en sesión solemne. Colau representa al colectivo más afectado por la crisis, que expulsó de sus hogares a más de 500 mil familias en los últimos cinco años, más las centenares de miles que tienen un proceso abierto por la misma causa.

Una de las últimas iniciativas de la PAH fue llevar hasta las casas de los diputados el malestar de la ciudadanía por su rechazo a reformar una ley que todas las instituciones europeas coinciden en definir como ilegal y atentatoria contra el derecho de los consumidores. Así que se crean plataformas o grupos de presión para llevar la protesta hasta las casas de los diputados del PP, que ahora dicen sentirse acosados y amedrentados por un grupo de personas incontroladas.

Pero la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, máxima representante del Ministerio del Interior en la capital del país, fue más allá y acusó a los afectados por los desahucios de inculcar agresividad y violencia en los jóvenes españoles y advirtió que Ada Colau y las personas que están en la plataforma antidesahucios han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a esos grupos, que a mi modo de ver y el de muchos españoles tienen que ver con el entorno de ETA.

La respuesta de Colau fue contundente: Es realmente inmoral, y no descartamos acciones legales por la difamación y el clima de confusión y tensión. Estamos esperando que el gobierno condene con contundencia el acoso y la violencia de las entidades financieras contra la población.