Los cambios se reducen a un ‘‘acuerdo comercial’’, advierte Movimiento Ciudadano
Lunes 25 de marzo de 2013, p. 10
Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados continuaron celebrando la reforma en materia de comunicaciones y plantearon que esperan una revisión rápida, pero a conciencia, del Senado.
No obstante, mientras el PRI definió como avance importante la reforma, Movimiento Ciudadano (MC) resaltó que ésta se reduce a ‘‘un acuerdo comercial’’, que no beneficiará a sectores importantes de la sociedad, como las comunidades indígenas, y por el contrario, se da puerta abierta a la inversión privada.
En un comunicado, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que la reforma fue resultado ‘‘de la negociación y el acuerdo plural y no de la imposición ni se legisló en favor o en contra de nadie, sino atendiendo el interés público’’.
Beltrones afirmó que los legisladores ‘‘no buscamos aplausos ni titulares estridentes, sino legislar con responsabilidad’’, y dijo que en las próximas reformas la bancada priísta mantendrá la misma práctica de legislar ‘‘con ética y rigor’’.
A su vez, el vicepresidente de la mesa directiva, José González Morfín (PAN), sostuvo que la reforma ‘‘no es un logro de un grupo político, menos de un funcionario o de partido alguno; es logro de y para los ciudadanos’’.
Resaltó que, poco a poco, la Cámara de Diputados avanza en actualizar áreas que se habían estancado, y que incluso tienen ahora el aval de partidos que recientemente las rechazaban.
Por su parte, el vocero de la fracción perredista, Carlos Reyes Gámiz, justificó la decisión de eliminar la obligación del Estado de garantizar el libre acceso a una información veraz, porque ‘‘se evitarán límites injustificados a la libertad de expresión’’.
Asimismo, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, concluyó que al no aceptarse por parte del bloque PRI-PAN-PRD la totalidad de las reservas a los artículos en lo particular, la Cámara avaló ‘‘un retroceso en materia de derechos’’, porque se excluyó a sectores primordiales del país, como los pueblos indígenas, a los que se negó el derecho de obtener concesiones para operación de radiodifusoras comunitarias.