El proceso penal contra Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito fue cerrado antes de que se concretara la transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de las 41 casas, departamentos, terrenos y otros inmuebles que fueron asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR) hace más de una década, como parte de dicha acusación, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

La más reciente instrucción del juez federal Carlos López Cruz sobre la regulación de dichos bienes data del 15 de agosto de 2011, cuando el juzgador ordenó poner a disposición del SAE 24 de las 41 propiedades que forman parte de la causa penal que se le sigue al hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, la orden del juez generó una serie de litigios en tribunales mexicanos, que a la fecha siguen vigentes.

En caso de que Raúl Salinas reciba una sentencia absolutoria, la PGR tendrá que liberar el aseguramiento de los inmuebles; si es declarado culpable, en cambio, deberán continuar esos litigios para evitar que las propiedades en cuestión sean transferidas al SAE.

De acuerdo con la información obtenida, hasta ahora sólo cinco inmuebles han sido regularizados, mientras que los presuntos propietarios de un inmueble en Guerrero, de otro en Puebla y dos en la ciudad de México, promovieron sendas demandas de amparo para impedir la transferencia de los bienes. Las 41 propiedades no están en manos de particulares, sino aseguradas y a disposición del juez.

Funcionarios judiciales explicaron que la pretensión del juzgador era regularizar la situación de los bienes, porque en 16 años de juicio cambió no sólo la ley que regía la administración de los aseguramientos, sino hasta el nombre de calles, por lo que no existía certeza sobre su ubicación.

Una de las propiedades emblemáticas de esta causa es la hacienda Las Mendocinas, en Puebla, en la que aparece como propietario ‘‘Juan Manuel Gómez Gutiérrez’’, señalado por la PGR como prestanombres de Salinas.

Este inmueble ilustra las complicaciones para concretar la regularización de los aseguramientos, pues los abogados de ‘‘Gómez Gutiérrez’’ pidieron un amparo contra la orden judicial para transferir Las Mendocinas al SAE.