Hidalgo del Parral, Chih.

Con el inicio del primer juicio oral en materia laboral, el estado de Chihuahua se convierte en la primera entidad del país en implementar el nuevo esquema de justicia laboral basado en los principios de inmediatez, oralidad, publicidad y trasparencia.

Un asunto que tradicionalmente duraba un año y medio para resolverse en el ámbito estatal, y hasta cinco años en el ámbito federal, ahora concluiría en unos 90 días, de acuerdo con los términos establecidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del estado de Chihuahua.

El modelo oral no sólo acorta el tiempo de los litigios sino también trasparenta los procesos y permite una igualdad y equilibrio entre las partes involucradas. Además, combate directamente las prácticas fraudulentas de las llamadas mafias laborales, porque las audiencias son videograbadas, señala Fidel Pérez Romero, titular de la STPS.

El inicio de este primer juicio se dio tras la inauguración de la Sala Oral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Parral, primera en su tipo a nivel nacional, en la ciudad de Hidalgo del Parral, ubicada en el sur del estado. La inversión de esas instalaciones fue de 500 mil pesos.

En los procesos de justicia es una nueva etapa que nos llena de compromiso, porque la experiencia de Chihuahua en materia oral ha sido de éxito, ha sido sin duda la herramienta que nos ha permitido elevar las márgenes de seguridad, combatir la impunidad y recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones, enfatizó el gobernador del estado, César Duarte Jáquez, al inaugurar la sala.

Se eligió la ciudad de Parral para implementar el proceso oral en asuntos laborales por ser la comunidad que concentra el menor número de demandas. La segunda sala se abrirá en las próximas semanas en Nuevo Casas Grandes, y una tercera en Delicias. El compromiso es cubrir todo el estado al cierre de 2014.

La finalidad de estos procesos es llegar a la conciliación, explica Pérez Romero, y adelanta que se está pensando en la contratación de conciliadores profesionales en la medida en que se extienda la práctica en el estado.

Pero para los abogados deshonestos y sus cómplices es trato es distinto. Después de las reformas penales aprobadas en mayo de 2011 en Chihuahua, la parte interesada puede interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público sin esperar que termine el litigio laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El delito es tipificado como fraude procesal. Hasta la fecha, 800 personas han sido detenidas por incurrir en prácticas fraudulentas.

En el país entero, desgraciadamente existe una práctica que llevó a la vieja Ley Federal del Trabajo a mecanismos, o a vicios, en los cuales abogados sin escrúpulos aprovechaban esos vacíos mediante los salarios caídos para extorsionar, o prácticamente quebrantar el patrimonio de familias, o de negocios, señala el gobernador Duarte.

En Chihuahua, ya se está rompiendo con esa práctica: La hemos penalizado y hemos consolidado los derechos de los trabajadores; hoy el sistema oral en los juicios laborales significa una materia de avanzada, es el primer estado de la República que los pone en marcha, enfatizó el mandatario.