San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de marzo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no esperaba la reacción de indignación social que ha generado su negativa para asumir el caso de Alberto Patishtán Gómez, expresó hoy su abogado Leonel Rivero Rodríguez. La Corte mintió arteramente al justificar su veredicto, y eso es muy infrecuente que suceda. Además del hecho notorio de que es inocente, añadió durante la conferencia de prensa en la que se anunció la nueva campaña internacional para exigir que el docente tzotzil sea puesto en libertad.

El colectivo Ik, acompañante de presos políticos y de conciencia, destacó a su vez que “lo mismo apoyan su liberación el gobernador Manuel Velasco Coello que el obispo de San Cristóbal Felipe Arizmendi y el EZLN a través del subcomandante Marcos, además de todo un movimiento social en el municipio El Bosque”, con gente de diversos partidos, y todas las iglesias con presencia ahí (católicos, presbiterianos, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales). ¿Hemos visto antes una coincidencia similar entre voces tan disímbolas?.

Esto, mientras no existe polémica, ningún sector se opone a su liberación ni duda de su inocencia, apuntó a su vez Rivero Rodríguez.

Desde el penal número cinco, enlazado por vía telefónica, el propio Patishtán convocó a una nueva etapa de movilizaciones a partir de hoy hasta el 17 de abril, en embajadas y consulados de México en el extranjero, simultáneas a las que realice en El Bosque, Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de México el movimiento indígena de su municipio, el cual lleva 12 años demandando su liberación y recibiendo desprecio una y otra vez. Hoy mismo se realizó una protesta frente a la embajada en Londres, anunció.

A pesar de este nuevo golpe de injusticia, jamás cejaré ni tomaré descanso en bien de la justicia y la libertad. En su llamado incluyó a colectivos, iglesias, estudiantes, obreros, comunidades, y exigió también la libertad de sus compañeros Solidarios de la Voz del Amate.

Doce años preso, acusado de asesinar a siete policías en una emboscada en junio de 2000, una vez sentenciado nunca se volvió a investigar el asunto, y eso suponiendo que lo fue realmente antes de cerrar el caso, sobre el cual caería un sospechoso velo de misterio y olvido. O al menos con eso contaban quienes se han encargado de mantener a Patishtán encerrado en cinco cárceles distintas, incluyendo una de alta seguridad en Sinaloa.

El profesor Martín Ramírez, vocero del movimiento ciudadano de El Bosque, manifestó: Si se hubieran cumplido los acuerdos de San Andrés que firmó el gobierno con el EZLN, Patishtán estaría libre, pues habría una mejor justicia para los indígenas. No entendemos por qué siguen con las mismas prácticas de hace 200 años. Estamos en el siglo XXI y se sigue con la tortura y el desprecio, como el que tuvo ahora la SCJN. Alberto es un preso político por luchar a favor de la ciudadanía, y denunciar públicamente la corrupción del ayuntamiento priísta de El Bosque en ese tiempo. ¿O es un delito estar contra la injusticia?, cuestionó.

Rivero Rodríguez expuso su interpretación del desinterés explícito de la SCJN ante la solicitud de atraer el caso: Sólo decidió no reasumir; no rechazó el recurso. Fue una decisión dividida entre los magistrados. La Corte no estuvo a la altura del reto que le planteaba un recurso audaz. Como dijera uno de los ministros que votó en contra, no está la SCJN para abrir la caja de Pandora.

No obstante, existen posibilidades de que se haga justicia, admitió Rivero. “El expediente debe ir al Primer Tribunal Colegiado (en Tuxtla Gutiérrez) y éste dictaminará si tenemos la razón. Lo que era prueba hace 10 años, cuando fue sentenciado, desde 2009 ya no lo es, el procedimiento fue reinterpretado y actualmente aquellas ‘pruebas’ resultan ilegales”.

Incluso especuló otras alternativas además de la determinación del primer tribunal (que podría tomar unos cuantos días si existe la voluntad), como un indulto presidencial. Al respecto, dijo, no podemos pronunciarnos porque sería admitir culpabilidad y no lo haremos, pero recaería en el Presidente de la República, quien puede hacerlo de forma unilateral sin exceder sus facultades ni violar la Constitución.