El legislador panista Roberto Gil Zuarth propuso ayer diversos cambios a la Ley General de Víctimas cuyo objetivo final es limitar el derecho de éstas a exigirle al Estado la reparación integral del daño, en un intento inadmisible de echar abajo las conquistas de dicha norma, advirtió Silvano Cantú, abogado especialista en derechos humanos.

Luego de que el pasado 19 de febrero diversas organizaciones –entre ellas el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad– presentaran una serie de reformas para hacer más efectiva y clara la Ley de Víctimas, las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación del Senado se reunieron para analizar la solicitud.

En ese contexto, Gil dio a conocer una iniciativa para modificar varios aspectos de la legislación, entre ellos incluir en su artículo 46 que la víctima sólo tiene un plazo de un año desde que ocurrió el delito en su contra para denunciarlo y pedir la reparación del daño, pues de lo contrario el abuso prescribiría.

Es una noción francamente restrictiva del derecho a la reparación. Con ella se deja fuera a miles de víctimas de la violencia de sexenios anteriores, estableciendo una especie de fuero histórico para los responsables de violaciones a los derechos humanos, explicó Cantú.

Por otro lado, Gil Zuarth –presidente de la Comisión de Justicia del Senado– propuso modificar el artículo 72 de la ley, para que las víctimas que reciban algún tipo de ayuda subsidiaria del Estado se vean imposibilitadas después para demandar a las autoridades en caso de que éstas no hayan realizado bien su trabajo de investigación.

Cuando hay una mala actuación del Estado, se genera una responsabilidad objetiva de las autoridades, aparte de la que pueda tener el delincuente. Lo que propone Gil es que éstas ya no puedan ser objeto de reclamo alguno si la víctima recibió ayuda subsidiaria. Es una cláusula de impunidad totalmente desproporcionada e injustificada, lamentó el especialista.

De igual manera, el ex secretario particular de Felipe Calderón sugirió modificar el artículo 4 de la norma para que en la definición de víctima se agregue que el daño se produjo de forma inmediata, un énfasis técnicamente innecesario que podría convertirse en una especie de requisito adicional para hacer más difícil que alguna persona sea reconocida como víctima, al desacreditar la inmediatez de los agravios sufridos.

Hay todo un cálculo para sustraer a las autoridades de cualquier responsabilidad por la violencia generado en el sexenio anterior, pero la justicia no puede ser objeto de transacciones legislativas. Por eso manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la propuesta de Gil, enfatizó.

Cantú indicó que no se trata de oponerse a todas las iniciativas del Partido Acción Nacional (PAN), pues algunas de ellas pueden ser rescatables –como la que sugiere incluir a los colectivos sociales dentro de la definición de víctima–, pero otras sí representan un menoscabo o retroceso de los artículos de la ley. Anunció que las organizaciones de la sociedad civil estarán atentas y se organizarán para rechazarlas.