A propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) el Senado difirió la discusión del dictamen sobre la Ley General de Víctimas, que se tenía programado aprobar ayer, ya que los blanquiazules pretenden introducir varios cambios a la iniciativa formulada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Será hasta hoy cuando se vote la iniciativa en las comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos y en caso de que no se llegue a un acuerdo en torno a las propuestas del PAN, tanto los partidos Revolucionario Institucional (PRI) como de la Revolución Democrática (PRD) decidieron sacar juntos la reforma.

Tenemos un consenso muy amplio con el PRD, pero en aras de ir todas las fuerzas políticas con esa ley, nos dimos unas horas más, comentó la senadora priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Igualmente, el perredista Alejandro Encinas, titular de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, recalcó que este miércoles a como dé lugar saldrá el dictamen, ya que la intención es votarlo el jueves en el pleno.

Sin embargo, el coordinador panista Ernesto Cordero dijo que presentarán hoy su propia iniciativa en materia de víctimas, que incluye los puntos de vista que han defendido en torno a ese tema, sobre todo la creación de fondos estatales que permitan enfrentar las contingencias económicas que surjan de esa nueva ley.

Por su parte, el también panista Roberto Gil Zuarth expuso que propondrán modificaciones a la iniciativa del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que el presidente Enrique Peña Nieto hizo suya y envió al Senado.

El también presidente de la Comisión de Justicia detalló que de entrada plantean la creación de fondos estatales para la atención a las víctimas del crimen organizado y de violaciones a derechos humanos, ya que en la iniciativa presidencial se indica que la Federación pague todo, pese a que nueve de casi diez delitos se cometen en el orden estatal.

Es un mal incentivo, dijo, y debe obligarse a los legisladores a indicar la obligación de los gobiernos locales de contar con fondos presupuestales para la compensación económica a las víctimas y sus familiares.

Otra de las propuestas del PAN es crear un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta a la petición de alguna víctima, ya que en la iniciativa a discusión no se indica y lleva a que los afectados se la pasen en los corredores de la burocracia por tiempo indefinido.

El senador Encinas comentó que confía en que la intención del PAN no sea retrasar la ley. Hay algunas reservas del PAN y otra del PRD que son de procedimiento, pero creo que va a salir el dictamen sin mayor problema este miércoles.

El perredista detalló que hay consenso y por lo tanto las observaciones que en lo particular se formulen a la iniciativa pueden desahogarse tanto en la misma comisión como en el pleno.

Las directivas de las comisiones dictaminadoras decidieron consultar los cambios con el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, y con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR). Los priístas no ven bien que se pretenda cargar mayores responsabilidades financieras a los gobernadores de los estados.

Por otra parte, el pleno del Senado exhortó a la Secretaría de Gobernación a emitir un informe sobre el estado que guarda el Memorial para las Víctimas de la Violencia en México, monumento que se programó construir desde el sexenio anterior.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, dijo que requieren más datos, porque diversas organizaciones no gubernamentales están inconformes con la existencia de un monumento con tales características.