La iniciativa de reforma en telecomunicaciones representa un avance en la materia, ya que plantea aspectos positivos. Sin embargo, se queda sólo en el fomento a la libre competencia y no plantea claramente la licitación para una cadena de medios públicos en la que se retome las necesidades y servicios para la sociedad, señalaron académicos universitarios especializados en el estudio de medios y telecomunicaciones.

Para Adriana Berrueco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existe un riesgo de pérdida de soberanía nacional con la apertura al 100 por ciento del capital extranjero en telecomunicaciones, ya que este rubro es relevante para el desarrollo del país, como la industria petrolera, la generación de energía eléctrica, la minería, los recursos forestales y pesqueros, por lo que esa disposición ‘‘es un retroceso enorme’’.

La iniciativa ‘‘contiene aspectos positivos, como la creación de tribunales especializados y la ampliación de las garantías individuales en el artículo 7 constitucional. Pero permitir ese nivel de participación a la inversión extranjera desvirtúa todas las cualidades positivas. El potencial de las telecomunicaciones es amplio y su utilización en favor de los mexicanos convierte a esas actividades en un factor fundamental de seguridad nacional.’’

Javier Esteinou, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, y Julio Juárez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señalaron que permitir la inversión extranjera no es del todo negativo.

‘‘El hecho que sean empresas nacionales no garantiza que den un mejor servicio, como vemos en las telefónicas, que constantemente cometen abusos, hacen cobros indebidos, tienen un servicio deficiente y cuando fallan no retribuyen adecuadamente a sus consumidores. ¿De qué nos sirven empresas internas que abusan del ciudadano? En la medida que se abra al 100 por ciento se compite a nivel internacional y los beneficiarios seremos el público, porque tendremos mejores servicios, con bajos precios y con calidad’’, señaló el académico de la UAM.

Un aspecto que no lo dejan del todo convencido es que la iniciativa apunta exclusivamente al fomento de la competencia, pero no trasciende a lo social. ‘‘Si bien lo mercantil no está mal, el país no es sólo empresa, mercado, lucro y ganancia, sino que está conformado por comunidades, sectores sociales, por grupos que desean expresarse y no hay referencias a los medios comunitarios o universitarios, y es importante que puedan quedar expresados’’.

Esto, cuando se habla de las dos nuevas cadenas de televisión, donde una de las cuales –consideró– debería enfocarse a medios públicos para crear una cadena en este sector, pero que no se dedique a difundir la imagen, propaganda del gobierno y se use para legitimar las acciones del Estado, sino que sea de beneficio ciudadano para que los distintos sectores del país cuenten con un instrumento en el que expresen sus puntos de vista, necesidades, requerimientos y solicitudes sobre los grandes problemas de la agenda nacional.

Las modificaciones a los artículos 6 y 7 de la Constitución (que se refieren a la libertad de expresión) planteadas por la iniciativa –resaltó– refuerzan ese derecho, al permitir que todos los ciudadanos tengan libre acceso a la información, en particular al licitar el derecho de réplica.

Al respecto, Julio Juárez sostiene que en la interpretación de libertad de expresión ‘‘hay un problema de fondo. El ciudadano es libre para obtener información y poder expresarla, pero los canales por los cuales ésta fluye de un lado a otro, de un emisor a un receptor y viceversa, siempre han permanecido restringidos por las grandes concentraciones’’.