A partir de la próxima semana miles de profesores que reconocen al Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del gremio magisterial iniciarán una jornada nacional de amparos en contra de la reforma educativa, a fin de garantizar que al menos un millón de trabajadores de la educación busque la suspensión inmediata de las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales.

Este lunes comenzará la entrega en todos los juzgados de distrito en materia laboral del país, mientras que el próximo 21 de marzo se iniciará una jornada nacional de amparos interpuestos en el Palacio de Justicia de San Lázaro, que se prolongará hasta el 12 de abril.

Al encabezar la segunda etapa del Congreso Nacional Popular de Educación, Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del CEND del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que con la aprobación de la reforma peñista existe una violación a tratados, pactos y convenios internacionales, pues se afectan garantías individuales, pero también derechos laborales y administrativos.

Más aún, enfatizó, las nuevas generaciones de profesores, quienes aún se encuentran en las aulas normalistas, se verán seriamente afectadas. Por ello, anunció que se sumaran miles de estudiantes de escuelas normales rurales y públicas a los amparos, porque la normatividad aprobada pretende establecer nuevos mecanismos de selección e ingreso, factores que los afectan de manera directa.

En el encuentro, donde participan docentes del estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Zacatecas y Distrito Federal, entre otros, se analizará hasta el próximo lunes los mecanismos de aplicación de un programa pedagógico alternativo que recupere los contenidos históricos, científicos y éticos que se han perdido en los programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública, enfatizó Ortiz Hurtado.

Explicó que la lucha jurídica contra la reforma debe ir acompañada de una jornada informativa y de sensibilización de los docentes en todas las entidades, donde, aseguró, se han multiplicado acciones de protesta, pese a las amenazas de descuentos o ceses.

Destacó que en entidades del norte, como Baja California Sur o Sonora, se ha logrado paralizar regiones completas en rechazo a las modificaciones que pretende imponer el gobierno de Peña Nieto.

Lo mismo ocurre, aseguró, en estados del centro y sur, como Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Las protestas, indicó, son cada vez más numerosas en entidades donde antes no había prácticamente resistencia, como Campeche o Quintana Roo.