La Secretaría de Gobernación informó a la Cámara de Diputados que el gobierno federal “no tiene identificadas víctimas o a sus familiares que se encuentren vinculados a indagatorias sobre aseguramientos de armas de fuego relacionadas con el operativo Rápido y furioso”.

La dependencia respondió así a una petición del órgano legislativo, que había requerido información sobre el caso de los homicidios perpetrados contra ciudadanos mexicanos con armas del programa Rápido y furioso. Insiste en que la administración federal no fue informada sobre dicha acción, por lo que no se puede hablar de una estrategia coordinada entre los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Gobernación dijo a la Cámara de Diputados que la Procuraduría General de la República (PGR), por medio de su Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, empezó la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITN/059/2011, a fin de realizar una exhaustiva investigación de los hechos relacionados con dicha estrategia.

Afirma que se concluyó que “el gobierno de México no fue informado de operativo alguno que incluyera el trasiego controlado de armas a nuestro país; por tanto, no se puede hablar de una estrategia coordinada entre ambos países. Sin embargo –destaca–, en la actualidad la PGR está haciendo uso de los canales institucionales para el intercambio de información con las autoridades estadunidenses para poder detectar, en su caso, actos ilícitos en el contexto de Rápido y furioso, toda vez que el combate eficaz al tráfico de armas es un compromiso del gobierno de México para enfrentar a la delincuencia organizada trasnacional que actúa tanto en México como en Estados Unidos.”

La explicación de Gobernación redundó en que al Ministerio Público Federal corresponde determinar si, a consecuencia de dicho operativo, se cometió algún acto delictivo, con total independencia de lo que al respecto puedan concluir las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadunidenses.

Por tanto –señala–, “la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas tiene a su cargo investigaciones por diversas conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de hechos delictivos cometidos en territorio nacional, como portación, posesión, acopio e introducción clandestina de armas, sin tener la certeza de que hayan estado relacionadas con Rápido y Furioso.”

Tal resolución considera que hasta ahora la averiguación previa se encuentra en estado de integración, sin que se tengan identificados víctimas o familiares vinculados a indagatorias relacionadas con el decomiso de armas de fuego de la acción binacional.

“El gobierno de México no fue informado de operativo que incluyera el trasiego controlado de armas a nuestro país, por lo que no se puede hablar de una operación coordinada con el gobierno de Estados Unidos”, reitera.