Washington, 14 de marzo.

Es inadmisible se exhiba públicamente a los detenidos antes de ser juzgados, declaró este jueves el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dicho país, Rodrigo Escobar, quien pidió poner fin a la práctica.

Es mi deber expresar en este escenario que (...) me parece una práctica contraria a las garantías fundamentales, claramente violatoria de la dignidad de la persona, del derecho a la intimidad, a la honra, dijo Escobar ante representantes de asociaciones civiles y del propio gobierno mexicano.

La CIDH, que sesiona esta semana en Washington, puede emitir recomendaciones a los miembros de la Organización de Estados Americanos, aunque sin fuerza legal.

Realmente estas son prácticas de regímenes absolutistas, añadió el comisionado, quien criticó la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de mantener esa práctica, aunque con significativos cambios, en nombre de la transparencia y la seguridad de los ciudadanos.

El caso de la francesa Florence Cassez, detenida en 2005 por presuntamente estar relacionada con una banda de secuestradores y presentada ante los medios de comunicación por la policía, que recreó su captura durante una supuesta liberación de rehenes, provocó un escándalo en México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación acabó ordenando su liberación el pasado 23 de enero.

A nosotros nos parece que esta práctica (...) ha favorecido la cultura de la denuncia una vez que estas personas han sido identificadas, y se ha fortalecido el derecho a la información, explicó Jorge Mirón, uno de los representantes del Estado mexicano en la audiencia.

Los ciudadanos se atreven a denunciar cuando identifican a un presunto malhechor, explicó.

“Imágenes y datos personales de miles de mexicanos exhibidos están disponibles en la web. ¿Qué harán los gobiernos federal y estatales para prevenir y castigar esta violación continuada de los derechos humanos?”, preguntó ante la CIDH Luis González, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

México asegura estar trabajando en una nueva serie de lineamientos legales para que los detenidos sean tratados con respeto, no sean disfrazados con ropas de reos, o medidas similares, y no se difunda su imagen en video. Pero el gobierno no está dispuesto a acabar totalmente con la práctica, insistieron los representantes en la audiencia.