La familia de la abogada Digna Ochoa Plácido, asesinada el 19 de octubre de 2001, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admita la revisión del caso para alcanzar la verdad jurídica y obligar al Estado mexicano a actuar para la restitución de la honra y la dignidad de la víctima.

Representados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Asociación de Abogados Democráticos (ANAD), la familia Ochoa considera que el buen nombre de Digna, reconocida jurista y defensora de derechos humanos, fue dañado por el sesgo que imprimió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al resolver que su muerte no se trató de un homicidio, sino de un suicidio simulado; es decir, que Digna Ochoa se quitó la vida, pero antes fabricó indicios para que su muerte pareciera un asesinato.

El representante de la PGJDF, subprocurador jurídico Jorge Antonio Mirón, pidió en contrapartida a la CIDH que no admita la petición y envíe al archivo el expediente, ya que los peticionarios, representados por la ANAD y la Cejil, perdieron la oportunidad que tuvieron en su momento de apelar de la última resolución judicial que decidió el no ejercicio de la acción penal en 2010.

Ayer se realizó en Washington, en la sede de la CIDH, una audiencia para la admisión del expediente del caso Digna Ochoa (12.229). Alejandra Nuño, directora del proyecto de la Cejil para Centroamérica y México, ponente en la sesión, explicó a La Jornada en entrevista telefónica que el hecho de que se haya analizado la admisibilidad demuestra el gran interés que tiene este órgano interamericano en el caso.

El argumento del representante de la PGJDF para que la comisión no acceda a revisar el expediente ya cerrado en la capital mexicana, se centró en el hecho de que en el último de los tres amparos a los que ha recurrido la defensa para inconformarse con las actuaciones de la justicia fue que no se agotó, ya que existía una última instancia de recurrir una vez más la resolución judicial.

Alejandra Nuño, David Peña y Carlos Azueta (los dos últimos abogados de la ANAD) sostuvieron que después de 12 años, tres resoluciones sin ejercicio de la acción penal, dos recursos de inconformidad, tres amparos, una revisión de amparo y una queja dentro de la revisión de amparo, la familia de la víctima ha litigado y luchado solamente para mantener abierto el expediente y nunca logró que se hiciera una revisión de fondo que permitiera corregir el sesgo que la fiscalía especial del caso, encabezada por Margarita Guerra y la propia procuraduría capitalina, demostraron desde finales de 2003, cuando se privilegió la línea del suicidio, a contrapelo de todos los indicios y peritajes iniciales y desechando todas las demás hipótesis. Incluso durante siete años el Ministerio Público se negó a conocer los estudios en materia de medicina y química forense y criminalística que presentó la defensa para comprobar que la muerte violenta de Digna fue un homicidio.

Luego de describir los cinco momentos procesales que atravesó la averiguación previa del caso a lo largo de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubon, David Peña concluyó que la decisión del no ejercicio de la acción penal y la insistencia en sostener la resolución del suicidio se basa en la imposibilidad del Gobierno del Distrito Federal de identificar a los responsables del asesinato.

Alejandra Nuño insistió en que la admisión del caso Digna Ochoa en la CIDH será muy importante para la reparación de la imagen de la defensora de los derechos humanos ante la sociedad. “Para demostrar su hipótesis del suicidio –recordó– la PGJDF, entonces a cargo de Bernardo Bátiz, presentó un estudio sicológico post mortem que se recuerda con indignación y con tristeza, en donde se da una impresión de Digna como una persona desequilibrada y con tendencias suicidas. Fue divulgado en los medios de comunicación. Hace 10 años, en la propia CIDH, el Estado mexicano se comprometió a redignificar su imagen pública. Pero el compromiso se quedó en la gaveta”.

Como obligación adquirida, esta restitución del buen nombre es una responsabilidad institucional que atañe tanto al gobierno federal como al capitalino, indicó Nuño, quien recordó los antecedentes de resoluciones similares en el caso de la violación de la guerrerense Valentina Rosendo y el asesinato de la chihuahuense Paloma Escobar. En los actos de desagravio participaron el secretario de Gobernación y los gobernadores de las entidades involucradas.