Los actos de tortura sexual cometidos el 3 y 4 de mayo de 2006 por diversos agrupamientos de policía contra decenas de mujeres en la comunidad mexiquense de San Salvador Atenco, no pueden resolverse por medio de una simple disculpa, como propone el gobierno mexicano en el contexto de una solución amistosa, puesto que ello impediría que las víctimas accedieran a la justicia y a la reparación integral del daño.

Así lo afirmaron representantes de las mujeres agredidas al seguir por Internet una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada ayer en la ciudad de Washington, donde funcionarios del actual gobierno admitieron que los cuerpos de seguridad cometieron excesos durante el operativo en Atenco, y ofrecieron disculpas por ello, aunque de manera informal.

El Estado mexicano desea manifestar su profunda solidaridad con las víctimas, a partir del reconocimiento de que se violaron sus derechos humanos. Expresamos nuestra voluntad para que se logre la reparación integral (del daño), y ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden, manifestó la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.

En el mismo sentido, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y derechos humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, solicitó la mediación de la CIDH para lograr una solución amistosa, que incluya una compensación, tratamientos sicológicos a las víctimas e incluso una disculpa pública del gobierno por violaciones a los derechos humanos.

En nombre de las mujeres sobrevivientes a los ataques sexuales, Bárbara Italia Méndez leyó una carta en donde sostienen que no es nuestro deseo dar por terminado el conflicto mediante una solución amistosa, pues el gobierno de México no sólo ha demostrado durante casi siete años su falta de voluntad para investigar los delitos, sino además sigue difundiendo una versión falsa de lo ocurrido en Atenco.

Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), aclaró que las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos no pueden ser consideradas una disculpa pública del Estado mexicano, pues ello debería realizarse en un acto oficial, con todas las formalidades de la ley, y con el consenso de las mujeres agredidas.

Lo que hizo Lía Limón no fue para nada una disculpa pública, sino más bien un comentario a nivel personal para verse bien, para dar una imagen benevolente del Estado mexicano, lo cual muestra el cinismo de las autoridades, que en siete años no han hecho ninguna investigación sobre lo ocurrido, enfatizó el representante de las víctimas.

Reunidas en la sede del Centro Prodh para seguir la audiencia vía Internet, Patricia Torres, Edith Rosales, Norma Jiménez y Mariana Selvas –sobrevivientes del operativo policiaco– dijeron que los hechos fueron responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, no de unos cuantos agentes que se excedieron, y rechazaron de nuevo la posibilidad de alcanzar una solución amistosa, pues su intención es acceder a la justicia y que se castigue a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

Cabe recordar que, como candidato presidencial, Enrique Peña Nieto afirmó en la Universidad Iberoamericana que asumía la responsabilidad de lo ocurrido en Atenco como una acción para conservar el orden público, y en una reunión con el dirigente del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, le atribuyó los excesos a la actuación de policías en lo individual, a quienes ya se había consignado.

En la continuación de las audiencias de la CIDH, diversos colectivos de la sociedad civil denunciaron que México sigue padeciendo una alta incidencia de tortura, desapariciones forzadas y ataques contra defensores de derechos humanos, además de que no se ha reformado el Código de Justicia Militar, por lo que invitaron a los comisionados de dicho organismo a realizar una nueva visita al país antes de que termine el primer semestre de este año.