El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se haya pronunciado en torno a la inconstitucionalidad de la presentación de presuntos responsables de delitos ante los medios de comunicación no es razón suficiente para que se perpetúe dicha práctica, que resulta inadmisible y violatoria de la dignidad humana, señaló Rodrigo Escobar, relator especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la audiencia pública que se realizó ayer en Washington, Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acudió como quiejosa. El gobierno capitalino estuvo representado por Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de planeación, coordinación interinstitucional y derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Tras escuchar la postura del ombudsman capitalino, Luis González Placencia, quien entre otras consideraciones dijo que las presentaciones que realiza la procuraduría capitalina no han fortalecido una cultura de denuncia entre la ciudadanía, y que en la recomendación 3/2011 se comprobó que 21 personas exhibidas ante los medios de comunicación fueron liberadas por falta de pruebas, Mirón Reyes dejó entrever que el gobierno capitalino continuará con las presentaciones, a las que consideró política pública de comunicación social.

El subprocurador argumentó que el protocolo publicado por la representación social –en el que se fijan los lineamientos para las presentaciones de los probables responsables– no ha sido calificado por algún juez federal de violatorio de los derechos humanos, y tampoco la Corte lo ha declarado inconstitucional.

Mirón Reyes aseguró que las presentaciones han dado resultados objetivos, pues en 20 casos derivaron en el fortalecimiento de las acusaciones. A decir del funcionario, la medida ha favorecido la cultura de la denuncia y el derecho a la información.

Tras escuchar la respuesta del representante del Gobierno del Distrito Federal, el relator de la CIDH expresó: “Es mi deber expresar que encuentro estas prácticas, que llevan a cabo las autoridades de México como un instrumento de política pública, inadmisibles y contrarias a los derechos humanos.

Son violatorias a la dignidad humana y constituyen un trato cruel, inhumano y denigrante. Violan los derechos a la intimidad, al buen nombre, al honor, a los derechos a la familia y tienen repercusiones laborales, y me parece inadmisible que, como la SCJN no se ha pronunciado al respecto, vayan a perpetuarse.

En la audiencia también se abordaron las presentaciones realizadas por las autoridades federales. Por los peticionarios acudieron, además de la CDHDF, representantes de Fundar, del Instituto de Justicia Procesal Penal y del Centro de Investigación y Docencia Económica.

El Estado Mexicano estuvo representado por, entre otros, Mirón Reyes e Iliana y Carolina Pimentel, de la Procuraduría General de la República.