El verdadero combate a la pobreza y la desigualdad se basa en la construcción de un estado de bienestar, que incluya justicia distributiva y acceso a derechos básicos, señalaron académicos y expertos en el tema.

Reflexiones como la anterior fueron la constante durante los trabajos del congreso Pobreza y desigualdad social: retos para la reconfiguración de la política social, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Felipe Torres Torres, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la máxima casa de estudios, criticó los alcances de la Campaña Nacional contra el Hambre del gobierno federal, que plantea atender a un universo restringido de 7.4 millones de personas en 400 municipios, cuando en México más de la mitad de la población es pobre y de éstas entre 13 y 15 millones viven en pobreza extrema.

“Hasta el año 2000 –aseveró–, en México vivían entre 5 y 7 millones de personas en desnutrición permanente, sobre todo en el sur y el sureste, en parte de la sierra de Sinaloa y en la zona tarahumara. Sin embargo, la cifra se ha incrementado en al menos 5 millones en años recientes, y también han crecido las regiones que enfrentan esta situación.”

El experto universitario subrayó que es fundamental para eliminar el hambre en el país mejorar los niveles de empleo, que éste sea de calidad y con altos niveles salariales. Aunque en la actualidad sucede todo lo contrario, ya que en 10 años el salario de los mexicanos se ha deteriorado 60 por ciento, mientras que el precio de la canasta básica ha subido 70 puntos porcentuales.

La juventud es uno de los sectores más vulnerables ante la pobreza y la desigualdad, planteó Silvia Vázquez González, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien lamentó que en México no exista una política focalizada de atención a las necesidades de empleo en ese sector.

Hasta ahora, dijo, “la estrategia de apoyo a la juventud se ha limitado a dar subsidios a las empresas que apoyan el primer empleo, lo que no resuelve de fondo el conflicto. Por el contrario, para reinsertarlos se requiere trabajo y educación.

Es un asunto de seguridad nacional que no se toma en serio, se necesita una política que atienda el empleo juvenil, que diferencie los distintos sectores que hay entre ellos y los territorios donde habitan, no puede homologarse.

En su turno, Mario Luis Fuentes Alcalá, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, planteó que en el país la pobreza tiene cara de niño y de indígena: “Cuatro de cada 10 habitantes vive esa condición; seis de cada 10 pobres son menores de edad, y ocho de cada 10 son pobladores de comunidades originarias.

Las políticas públicas se han reducido exclusivamente al combate a la pobreza y al desarrollo humano, cuando existen múltiples dimensiones para atenderlas, una de éstas es la atención a la violencia, sostuvo.

Al respecto, detalló que en el país “se cometen 22 millones de delitos al año, 60 mil al día y sólo 12 de cada 100 fueron denunciados. Las principales víctimas son los jóvenes, los sitios donde más ilícitos se cometen son la calle, el transporte público y los hogares, y muchos de ellos son los homicidios, con 26 mil anuales, y los sexuales.

Hay alrededor de 15 mil denuncias por maltrato infantil al año, se calcula que 3.3 millones de menores son explotados laboralmente y un millón son jornaleros.