Una bolsa total de 458 millones de pesos será repartida este año a los estados para apoyar tareas de la reforma de justicia penal, mejor identificada como la enmienda hacia los juicios orales.

Para tener acceso a estos recursos, los estados deberán aprobar diversos requisitos, con base en los lineamientos publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con vigencia desde este 14 de marzo y hasta el 31 de diciembre próximo.

La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, firmará convenios de coordinación con los gobernadores, relacionados con los proyectos de subsidios, para la entrega de recursos que apuntalen la implementación de esta reforma en todo el país.

María de los Angeles Fromow, titular de esta secretaría técnica, dijo que los apoyos sirven para apuntalar tareas lo mismo en entidades que están en etapa inicial de la reforma de justicia penal, que para aquellos que ya están en actividades específicas, como la profesionalización de peritos, policías y ministerios públicos, por ejemplo.

Este año hay 458 millones de pesos para repartir. Hemos estado trabajado con los estados para que nos manden sus proyectos previos, según un monto aproximado de entrega que les hicimos saber les tocaría, con base en una fórmula muy transparente de población, delincuencia y avance del sistema, dijo Fromow en entrevista.

Estas políticas para la obtención y aplicación de recursos tienen como base un diagnóstico con tres indicadores de cada entidad: tamaño de la población, índice delincuencial y avance del sistema de justicia penal.

Se entregará 70 por ciento de los recursos que corresponda a cada entidad, una vez aprobado el proyecto correspondiente, a fin de detallar las obras de infraestructura y de capacitación, para avanzar en esta reforma.

Los llamados juicios orales forman parte de un nuevo sistema que deberá concluirse en el año 2016; sus promotores aseguran que es una estructura más ágil, y transparente, que pondera el principio de presunción de inocencia, la reparación del daño y la aplicación de medidas alternas en los juicios, como la mediación y la conciliación.