Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero exigieron que autoridades federales y estatales investiguen a los grupos armados de autodefensa que han surgido en varias entidades del país y que se cobijan bajo la denominación de policía comunitaria, porque puede ser que atrás de ellos esté la delincuencia organizada para confundir a la ciudadanía.

Llamaron también a los pobladores a unirse para defender este proyecto alternativo de seguridad y de justicia comunitaria que funciona ya en 14 municipios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que en 17 años de existencia ha logrado abatir la delincuencia en su territorio en más de 90 por ciento, al contrario de lo que ocurre con el actual proyecto de seguridad del gobierno, que es un fracaso, porque su mismo cuerpo de seguridad está coludido con los delincuentes.

En rueda de prensa  reiteraron su deslinde de cualquier grupo de autodefensa de los que han aparecido recientemente, especialmente los liderados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que encabeza Bruno Plácido Valerio, acerca de los cuales Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, aseveró que la UPOEG quiere que la CRAC asuma todos sus delitos, lo cual no vamos a permitir.

En la conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, participaron además Nicasio Castro Agustín, Rey Pastrana Peralta, Rufino García Ramírez y Rufino Reyes, éste último del Consejo Consultivo de Comisarios del Distrito de Marquelia, todos ellos de la Casa de Justicia (CJ) de Espino Blanco, en el municipio de Ayutla de los Libres; Adelaida Hernández Nava, coordinadora de la CJ de San Luis Acatlán; Cirilo Vázquez Cayetano, de la CJ de Citlaltépec, municipio de Metlatonoc, y David Bracamontes, presidente del Consejo Regional de Comisarios de la Costa Chica.

A pregunta expresa, Villar negó que el Ejército esté dando adiestramiento a la policía comunitaria (PC), pero afirmó que, aunque el discurso oficial es en el sentido de que no se va a permitir la existencia de grupos armados, en la práctica los gobiernos federal y estatal están apoyando a los grupos de la UPOEG.

Comentó que en reunión con la Secretaría de Gobierno de Guerrero dejaron claro que no van a aceptar el decreto que pretende imponerles el gobernador Ángel Aguirre para convertirlos en auxiliares de la policía estatal. El acuerdo fue que el gobierno va a diferir la expedición del decreto y que la CRAC-PC va a afinar su propio reglamento para que sea éste el que se incluya en dicho ordenamiento, informó.

Por su parte, Adelaida Hernández dijo que ella representa a las mujeres de la CRAC, para hacer valer sus derechos en todo el territorio donde opera este sistema de justicia: para que se respete su libertad de decidir sobre su vida y su cuerpo, para que se respete el derecho de las mujeres a una vida sin maltrato y sin violencia, a un trabajo digno y bien pagado, que se respete su derecho a heredar los bienes y la tierra, que se prohíba que se le obligue a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, así sea el marido y que se prohíba la venta de mujeres.