La situación de los migrantes indocumentados en México no ha cambiado prácticamente en nada con la nueva administración del gobierno federal, pues dicho sector sigue estando sujeto a condiciones de extrema vulnerabilidad, sin que las autoridades hayan realizado ninguna acción para remediarlo, denunció Amnistía Internacional (AI).

En conferencia de prensa, Daniel Zapico, coordinador de movilidad e impacto de ese colectivo de derechos humanos, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto no ha tomado ninguna medida para corregir el fracaso rotundo del gobierno anterior para hacer frente a esta crisis humanitaria, por lo que sus primeros 100 días de mandatario han sido un tiempo perdido en este tema en particular.

Prueba de ello, indicó, es que ha habido nuevas denuncias de secuestros masivos de migrantes en Medias Aguas, Veracruz, y los defensores de indocumentados siguen padeciendo amenazas y hostigamiento, como demuestra el ejemplo de Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Además, sigue sin haber protocolos adecuados de investigación de los delitos cometidos contra migrantes; no hay seguimiento de las denuncias realizadas por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni existen procedimientos para identificar los restos de los trabajadores internacionales sin documentos que han sido asesinados.

Por todo lo anterior, AI exigió al gobierno federal que tome 10 medidas urgentes para proteger a los migrantes en su paso por México, entre ellas cuidar la integridad de los activistas amenazados, reconocer y apoyar la labor de los albergues, prevenir y castigar los abusos contra indocumentados, y establecer protocolos de investigación sobre los delitos que éstos sufren.

De igual forma, demandó que el gobierno establezca una base de datos sobre migrantes desaparecidos o asesinados, facilite el acceso a los mecanismos de denuncia, evalúe con la sociedad civil el verdadero impacto de las leyes en la materia y publique información cuatrimestral sobre el tema.

Leticia Gutiérrez, secretaria ejecutiva de la Pastoral de la Movilidad Humana, coincidió en que la situación de los migrantes ha cambiado para mal en estos primeros 100 días de la nueva administración federal, pues se ha aplicado una política mentirosa y de doble moral con la cual se hace pensar que en México no pasa nada, cuando en realidad los ataques contra indocumentados han ido en aumento.

La migración, lamentó, sigue siendo vista como una cuestión policiaca de seguridad nacional, y las agresiones contra dicho sector ahora se han extendido a más localidades del país –como Celaya, Guanajuato, y Apizaco, Tlaxcala–, en medio de la inacción de las diversas instituciones del gobierno.

Entrevistado al inicio del acto –aunque no formó parte de la mesa principal de oradores–, Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, advirtió que en Veracruz se está reconfigurando la misma mafia que comete secuestros, asesinatos y extorsiones, y lamentó que el gobierno de Peña Nieto haya nombrado personajes con historial represor en el Instituto Nacional de Migración.