yer, al abordar el tema de los grupos comunitarios de autodefensa que han proliferado en entidades del país, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, dijo que esas organizaciones nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad en aquellos lugares donde grupos criminales tienen presencia y actividad. La declaración del ombudsman coincide en el tiempo con la retención y posterior liberación de elementos militares por pobladores de Buenavista Tomatlán, Michoacán –denunciada por el procurador de esa entidad, Plácido Torres Pineda–, en supuesta represalia por la detención de 51 integrantes de la guardia comunitaria de esa localidad por presuntos vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin desconocer el carácter intrínsecamente ilegal de toda expresión que dispute al Estado el monopolio de la violencia legítima, y sin justificar acciones como la registrada en la localidad michoacana, debe reiterarse que declaraciones como las formuladas por Plascencia Villanueva encierran una visión distorsionada de ese fenómeno, por cuanto soslaya que es un síntoma, más que una causa, del quebranto generalizado del estado de derecho que padece el país. En efecto, el principal obstáculo para recobrar la paz y la tranquilidad en los sitios afectados por la criminalidad organizada no es, en sentido estricto, la operación de grupos de autodefensa, sino la falta de capacidad del Estado para contener a las organizaciones criminales en esas regiones, las escandalosas niveles de impunidad en el país y los estragos de una estrategia de seguridad pública que no sólo ha sido incapaz de poner un alto a las organizaciones delictivas, sino que ha multiplicado la violencia ejercida por éstas y ha exhibido a las propias autoridades como protagonistas de frecuentes atropellos a las garantías individuales. Tales elementos, que fueron el signo distintivo de la pasada administración federal, persisten en la actualidad a pesar del giro discursivo y el anuncio de un cambio de estrategia por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por lo demás, la innegable vulneración de los referidos grupos de autodefensa al precepto constitucional que prohibe el ejercicio de la justicia por propia mano (artículo 17) está precedida por un incumplimiento generalizado del numeral de la Carta Magna que señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal y los municipios, y que dicha tarea comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas (artículo 21).

La exasperante falta de cumplimiento en dicho mandato constituye un factor mucho más subversivo del orden constitucional que la existencia misma de las autodefensas, por cuanto alienta a una ciudadanía desamparada a hacer justicia por mano propia, pone en tela de juicio el imperio de la legalidad y propicia que el país caiga en la ley de la jungla.