Expertos en telecomunicaciones señalaron que si bien la iniciativa en la materia presenta avances importantes para la apertura del sector, hay que tomarla con reserva, porque es un proyecto de la clase política que hasta ahora no ha considerado la opinión de la sociedad civil. En tanto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) aseveró que esa propuesta sí incluye demandas sociales.

Alma Rosa Alva de la Selva, especialista en telecomunicaciones y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que es fundamental dar seguimiento a la evolución de esta propuesta en el Congreso, y después a que se genere la ley reglamentaria correspondiente, o de lo contrario los avances se pueden quedar en letra muerta.

Indicó que hasta el momento se trata de una iniciativa exclusiva de los integrantes del Pacto por México, incluido el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, pero falta mayor participación social. Algunos puntos a destacar, dijo, son que se inserta el derecho de acceso universal a Internet y a la banda ancha.

Luis Miguel Martínez Cervantes, coordinador de Convergencia Digital del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, señaló que la iniciativa pretende fomentar la competencia, modernizar el sector, definir la convergencia como un fenómeno vivo y otorgar autonomía al órgano regulador.

Aunque, apuntó, las dudas vienen en la parte metodológica, en particular porque se da demasiado poder de decisión al Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando hoy las resoluciones se toman en tres instancias: las técnicas en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, las económicas en la Comisión Federal de Competencia y las de contenido en la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía.

Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, planteó que de entrada la iniciativa contiene demandas sociales como la regulación del espectro radioeléctrico, el reconocimiento de los medios públicos; la eliminación del concepto de permisionarios y que ahora todos serán concesionarios; que el Ejecutivo renuncia a la discrecionalidad en la entrega de concesiones, al dotar de autonomía al órgano regulador, y que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean definidas como un servicio público federal.

Para la especialista, la clave ahora será la discusión en el Congreso. Veremos si los legisladores quieren respetar la redacción de esta reforma. La otra parte sustancial será la ley reglamentaria, donde vienen los detalles.