Las fuerzas políticas del país, desde el Presidente hasta los coordinadores parlamentarios y los dirigentes partidistas, suscribieron ayer una inédita iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. De aprobarse, el Ejecutivo federal ya no será quien otorgue ni revoque las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y las decisiones sobre cada concesión serán técnicas y no políticas, afirmó Enrique Peña Nieto.

Antes del acto de firmar todos el proyecto para entregarlo ahí mismo al presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, el mandatario resaltó: “el espíritu de la reforma es claro: el Estado mexicano tutela ante todo el interés de los consumidores, es decir, el derecho de todos los mexicanos’’.

A esta ceremonia, realizada a mediodía en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, no fueron invitados los concesionarios de las telecomunicaciones, aunque sí acudió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Tras escuchar la intervención de los coordinadores de las cuatro principales fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y de los presidentes de PRI, PAN y PRD, el titular del Ejecutivo habló de la trascendencia de transformar la estructura de las telecomunicaciones para hacer valer la rectoría del Estado en este sector estratégico y disponer de una política pública eficaz acorde con la convergencia tecnológica.

Desde su óptica, hoy este sector es tan relevante como en su momento lo fue la apertura de carreteras y caminos, o el impulso de la energía eléctrica. No tener acceso a las telecomunicaciones es una forma de analfabetismo y de exclusión social.

Intereses particulares, a un lado

Ante todo felicitó la elaboración de la iniciativa a partir del diseño, diálogo y acuerdo democrático de las fuerzas políticas del país, pues hicieron a un lado intereses particulares y partidarios para poder atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad.

En esos actores de la vida nacional, hay claridad de propósitos y una voluntad política comprometida que precisamente se materializa y se cristaliza en estos acuerdos básicos, fundamentales para servir a todos los mexicanos, indicó.

En ese mercado, advirtió, deben prevalecer condiciones de competencia y certidumbre legal, pues la ausencia de ellas “impacta negativamente en la disponibilidad, el costo y la calidad de los servicios. También afecta el avance tecnológico y el nivel de inversiones que se realizan en el país’’. Todo ello, insistió, reduce la productividad y limita la capacidad para crecer y generar empleos mejor pagados.

Enumeró tres apartados de esta reforma: ampliar los derechos de los mexicanos y garantizar la liberad de expresión y difusión asegura libre acceso a la información y a sus tecnologías, incluyendo la banda ancha; diseña una nueva arquitectura institucional en favor de la competencia y la certidumbre legal, por la cual el Ejecutivo ya no otorgará ni revocará concesiones, y contempla medidas para acelerar la competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión para liberar su potencial.

Su finalidad última, expuso, es sencilla, tanto como un ABC: asegurar cobertura para hacer llegar a todo el país la televisión, el radio, la telefonía y el servicio de datos; tener buenos precios en telecomunicaciones para todos y con tarifas competitivas a nivel internacional, y disponer de calidad en el servicio y en los contenidos.

En suma,los mexicanos merecen servicios que sean rápidos y confiables, así como una mayor diversidad de contenidos. Queremos que los usuarios puedan estar conectados cuando lo requieran, con la señal continua para subir y bajar datos en cualquier momento. También queremos que la sociedad mexicana cuente con más canales de televisión y de múltiples opciones para recibir información veraz, plural y oportuna, concluyó.