En una carta abierta dirigida a la opinión pública, María Esther Orozco Orozco, destituida como rectora por el Consejo Universitario instalado el 29 de noviembre pasado, confió en que la postura del Gobierno del Distrito Federal en torno a la crisis que se vive en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) sea de respeto a la autonomía universitaria y a la legalidad, pues, señaló, convalidar actuaciones de lo que llamó grupos radicales sería un precedente negativo para las universidades públicas.

En el documento, firmado también por el consejero Carlos Arreaga y el abogado general –también destituido–, José de Jesús Izquierdo Ubaldo, manifiesta que una universidad autónoma no tiene que esperar ni el aval ni el reconocimiento de ninguna autoridad ajena a su comunidad.

Señala que es la única, legítima y legalmente facultada para administrar la UACM, ya que la revocación en su contra se llevó a cabo mediante un proceso viciado, irregular e ilegal por algunos integrantes de la comunidad universitaria.

Reitera que el único CU legal es el instalado el pasado 22 de agosto, que dicho proceso debía ser votado por mayoría calificada de dos tercios del consejo, y contraviene los acuerdos firmados del pasado 26 de noviembre, ya que 12 de los consejeros inconformes estaban impedidos para participar en la sesión de instalación, dado que fungían como promoventes de juicios de amparo (no menciona que esas mismas personas forman parte de la lista de 50 consejeros aceptados por las partes en conflicto, incluidos los mismos firmantes de las misivas).

Asimismo, asegura que otra de las violaciones a los acuerdos firmados es que no se realizó la entrega total de las instalaciones de la UACM tomadas por el Consejo Estudiantil de Lucha, pues la sede administrativa, ubicada en Eugenia y División del Norte, continúa ocupada desde el 8 de noviembre de 2012.