Las trabajadoras sexuales de La Merced sufren no sólo acoso de proxenetas, sino también de funcionarios de la delegación Venustiano Carranza, quienes les exigen fotocopias de sus credenciales de elector para, presuntamente, elaborar un censo de sexoservidoras.

Si no entregan los documentos oficiales, las amenazan con que los hoteleros no las dejarán utilizar sus instalaciones, denunció Jaime Montejo, vocero de la asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

De permitirse lo anterior, los hoteleros actuarían entonces como patrones de las trabajadoras sexuales, porque les exigen cumplir determinadas condiciones para que puedan ocuparse con sus clientes.

En entrevista, Montejo afirmó que la misma situación ocurre con mujeres y niñas en situación de prostitución de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan, así como con transexuales o transgénero.

Al requerir la identificación oficial, tanto autoridades delegacionales como los hoteleros incurren en varios delitos, señalados en la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Montejo refirió que “la elaboración del supuesto censo de sexoservidoras, como le llaman en la delegación Venustiano Carranza, viola también el artículo uno de la Constitución, ignora el convenio contra la explotación de la prostitución ajena, hace a un lado las disposiciones que se han publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (el 25 de mayo de 2000), y pasa por el arco del triunfo la Ley de protección de datos personales del Distrito Federal (LPDPDF).

El vocero de Brigada Callejera recordó que el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, consignó en la gaceta referida, al suspenderse la expedición de la credencial de Conasida y su resello trimestral, que ninguna persona o autoridad del DF puede requerir a los trabajadores y trabajadoras sexuales ningún documento con pretensiones de control sanitario o de otra índole.

Aunado a ello, la LPDPDF, publicada el 8 de octubre de 2008, en su artículo 5º señala que los servidores públicos de la ciudad de México no pueden solicitar datos personales a particulares si no tienen facultades o atribuciones legales asignadas para hacerlo.

Montejo comentó que recoger fotocopias de la credencial del IFE de las trabajadoras sexuales y transgénero, con la amenaza de no dejarlas entrar a los hoteles, “genera un vicio de origen en el ‘consentimiento’ de quienes entregaron dicha documentación”, además de ser un acto discriminatorio y violatorio de otras leyes y convenios signados por México.