A tres años de que entró en vigor la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, alrededor de 2 mil familias formadas mediante esta figura no tienen acceso a la seguridad social, que por ley les corresponde.

Lo anterior significa una violación de sus derechos por el gobierno federal, que por omisión “ha discriminado a esta comunidad, al excluirlos de este derecho, aseguró Jacqueline L’Hoist, directora del Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal.

L’Hoist, coincidio con la diputada local Dinorah Pizano, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, e integrantes de la comunidad LGTB (lésbico, gay, transgénero y bisexual) en que, a pesar de que celebran el aniversario de la reforma legal que les permite contraer matrimonio, aún no gozan de derechos como el resto de la población, por motivos de discriminación.

Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, exhortó a la Cámara de Senadores a realizar las modificaciones necesarias a la ley para otorgar seguridad social a este grupo social.

Dijo que en el próximo periodo ordinario de sesiones de la ALDF propondrá un punto de acuerdo para solicitar a los diputados locales apoyar ese exhorto.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, dijo que en los pasados tres años se documentaron 50 quejas por violación de derechos humanos de la comunidad LGTB.

El activista Jaime López Vega confirmó que el reto más grande al que se enfrentan es la discriminación, además de no reconocer sus derechos de manera absoluta. Pareciera, dijo, que la única vía que les queda para obtenerlos es a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el matrimonio entre personas del mismo sexo, que entró en vigor en marzo de 2010 en el Distrito Federal, era constitucional, válido en el territorio nacional y con derecho a la adopción.