El que un juez haya ordenado anular la petición de inmunidad diplomática hecha por el gobierno anterior en favor del ex presidente Ernesto Zedillo –en el contexto de la demanda que éste enfrenta en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal– es un signo positivo en la búsqueda de justicia para las víctimas, aunque depende de aspectos políticos para concretarse, indicaron activistas y especialistas en asuntos jurídicos.

David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, consideró que de entrada, es muy buen mensaje que abre la posibilidad para que las víctimas de Acteal accedan a la justicia. Quiero leerlo como un mensaje en una nueva época, surgido a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, firmada el 10 de junio de 2011.

El litigante celebró que el magistrado haya decidido ponderar el derecho de las víctimas de acceder a la justicia –más aún siendo indígenas– sobre el derecho del Estado mexicano de solicitar inmunidad para el ex mandatario.

La Secretaría de Relaciones Exteriores debería aceptar la resolución y permitir que Zedillo enfrente los cargos. De esta forma el mensaje sería que no hay intocables; si la impugna, el mensaje es que seguirá permitiendo una burbuja de impunidad en favor de ciertos ex funcionarios, indicó.

Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dijo que la resolución del juez, que ordena anular la petición de inmunidad diplomática, demuestra que el supuesto ataque a la soberanía del país, si se permitía juzgar a Zedillo, era un argumento ambiguo y falso, carente de sustento jurídico.

Si fuera congruente, el gobierno tendría que respetar la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 y dar paso a que un ciudadano, en este caso un ex servidor público, pueda ser juzgado en una corte sin ningún encubrimiento oficial, señaló.