La Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (Amos) solicitó al gobierno federal –mediante la Secretaría de Gobernación– que se instalen diversas mesas de trabajo para dar solución a problemas relacionados con la justicia, entre ellos el caso de Pasta de Conchos, el desarrollo económico de regiones, la ecología, la energía y la energía eléctrica, así como de comunicaciones y transportes, informó Eli Aguilar Ramírez, dirigente de dicha agrupación.

En conferencia de prensa, Aguilar Ramírez indicó que su organización confía en obtener respuesta positiva del gobierno de Enrique Peña Nieto a sus peticiones, y detalló que el documento incluye 11 temas para tratar en igual número de mesas.

Entre los asuntos planteados demandan castigo a los militares responsables de la denominadas muertes colaterales en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y que se acuerde el rescate de los cuerpos de los 63 mineros de Pasta de Conchos.

“Estamos planteando también –agrega– que se castigue con cárcel a los empresarios de la minera, al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira y a Francisco Salazar Sáenz, ex titular de la secretaría del Trabajo, así como la cancelación de la concesión minera.”

Aguilar Ramírez anunció también que el próximo 13 de marzo Amos realizará una marcha por la vida en diversos estados del país y en el Distrito Federal, en donde la caminata se realizará del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

Viudas de mineros piden respuestas

En tanto, Claudia Marisela Escobar Pacheco, viuda de Raúl Villasana Cantú, tras leer un documento, dijo que las esposas de los mineros de Pasta de Conchos necesitan respuestas luego de siete años de la desgracia en la mina ubicada en Coahuila, y agregó que hasta hoy tanto el gobierno del estado, que ha sido encabezado por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y como empresa Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, han sido omisos e insensibles al dolor humano.

La agrupación también demandó detener en Nayarit el proyecto de la presa de Las Cruces, sobre el río San Pedro del municipio de Ruiz –hasta ahora, único en México libre de embalses y presas–, cuya construcción destruiría los lugares sagrados de los pueblos originarios de huicholes y coras y desaparecería la isla de Mexcaltitán, considerada pueblo mágico.