La Procuraduría General de la República (PGR) no dio información de las averiguaciones previas que supuestamente se generaron debido a los más de 2 mil homicidios dolosos ocurridos en los primeros dos meses del sexenio peñista.

El 8 de febrero pasado la SG dio a conocer que durante enero de 2013 se reportaron mil 104 homicidios dolosos (en el país) vinculados a la delincuencia organizada; esto es, 35 menos que el mes anterior. Precisó que del cúmulo de casos del primer mes de 2013, mil 68 son presuntos delincuentes abatidos, 30 servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber y seis personas presumiblemente ajenas a los hechos.

Los datos fueron presentados como indicadores en materia de seguridad elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la PGR, con base en la información que le entregó la propia Procuraduría y la que le hicieron llegar otras instancias responsables del combate a los delitos federales, como el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Sin embargo, la PGR respondió a una solicitud de información pública que el Cenapi no concentra información relacionada con las características de las averiguaciones previas.

Subrayó que este centro sólo recibe reportes sobre las puestas a disposición, sin que se tenga acceso al seguimiento de la averiguación previa.

El director general de Asuntos Jurídicos de la PGR, Mario Miguel Ortega, respondió además que no se dispone de los datos que permitan establecer, dentro de los poco más de 2 mil homicidios dolosos ocurridos en los dos primeros meses del sexenio peñista, cuáles son federales y cuáles de jurisdicción local.

“Los datos expresados en el documento de la Secretaría de Gobernación hacen referencia a ‘homicidios vinculados a la delincuencia organizada’ de los cuales no se dispone del desglose por fuero común o fuero federal”, respondió la PGR a la solicitud clasificada con el folio 0001700039413.

La PGR entregó al solicitante de información el anexo Personas puestas a disposición del Ministerio Público, cuya clasificación se limita a: delitos contra la salud (970 en diciembre de 2012) y otros delitos (835 enero de 2013).

La falta de claridad en la información pública vinculada a los más de 2 mil homicidios dolosos ocurridos durante el bimestre diciembre 2012-enero 2013 se suma a la carencia de datos acerca de otros delitos y de la lista de casi 27 mil personas que, según Gobernación, fueron reportadas como ausentes o desaparecidas durante el sexenio pasado.

La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, vigente desde abril pasado, debió tener su reglamento seis meses después. No obstante, hasta el momento no se ha expedido.

El proyecto de reglamento elaborado en la administración anterior proponía que el registro de personas desaparecidas debería efectuarse únicamente por las autoridades competentes y la actualización de esta lista se haría con base en los lineamientos que emita el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), aunque cualquier ciudadano podía dar información de desaparecidos a través de vías electrónicas dispuestas para este fin o en un buzón a cargo del SNSP.

El borrador del reglamento indica que una vez inscrita y validada la información (por el SNSP), el centro de información de este organismo expedirá una constancia electrónica que deberá tener: folio, número de constancia, número de expediente, autoridad que inscribe, nombre completo de la persona inscrita y fecha y hora de inscripción, sello digital, y los demás datos que determine el SNSP.

Las inscripciones de desaparecidos o ausentes serán individuales y los datos podrán ser actualizados y/o modificados por el SNSP.

La SG dio a conocer la existencia de una base de datos de casi 27 mil personas no localizadas y admitió que se trata de una lista no depurada y con diversas inconsistencias.