a boleta de calificaciones escolares se coló al centro mismo de la política nacional. Ignorante, le dijo Elba Esther Gordillo al secretario Chuayffet, quien afirmó terminante: No hay marcha atrás, la decisión de la reforma educativa se tomó desde el poder constitucional. Uno de los asuntos, materia aparente de ese rudo intercambio entre ambos personajes, son los exámenes, evaluaciones, calificaciones y certificados de los estudiantes, regulados desde agosto pasado por el acuerdo 648 de la SEP calderoniana. Dicho acuerdo, anunció el flamante secretario priísta, se derogará, y este anuncio fue parte del pretexto de la violenta explosión de la lideresa.

En el conflicto del gobierno federal con la ex lideresa del SNTE la educación es accesoria: este conflicto evolucionará de conformidad con la estrategia definida por el bloque de intereses que gobierna este país (el capital corporativo), para el cual lo fundamental está en las reformas estructurales pendientes, en especial la energética (incluyendo Pemex y telecomunicaciones), medulares en su ambición de extender sus negocios. Allanar el terreno para esas reformas con un mensaje de fuerza al país entero y sobre todo controlar al magisterio disidente son, sin duda, los objetivos de fondo de la indebidamente llamada reforma educativa. Pero no podemos pasar por alto que el asunto de la boleta de calificaciones, materia del acuerdo 648 de la SEP, que apareció como un pretexto para ese rudo enfrentamiento, es de enorme trascendencia para la educación.

Esta es ocasión para reiterar que los exámenes, los certificados y las boletas de calificaciones no son una cuestión meramente administrativa o legal, tienen repercusiones pedagógicas, consecuencias educativas. Un factor negativo en la eficacia de la educación son las mal llamadas calificaciones, en las cuales se materializa el valor de cambio de los conocimientos; este valor de cambio se impone sobre los valores de uso (en la educación básica el principal es la satisfacción de la curiosidad innata de los niños), destruye la motivación intrínseca esencial para estudiar y aprender, y corrompe la relación del maestro con los estudiantes. Maestro, ¿eso va a venir en el examen?, es la primera pregunta de los estudiantes cuando el maestro empieza a exponer algún tópico; el interés del estudiante en la clase dependerá de la respuesta.

Los procedimientos de evaluación y certificación de los conocimientos de los estudiantes constituyen parte central del llamado curriculum oculto, eso que se aprende en la escuela no tanto por lo que se dice, sino más bien por lo que se hace y se ve. Este curriculum oculto es un factor determinante del desarrollo de valores y actitudes en los estudiantes, e incluso condiciona las posibilidades reales del curriculum formal, visible, centrado en el desarrollo de conocimientos y habilidades (como la lectura y las matemáticas, que tanto preocupan). El curriculum oculto, y en particular el que se transmite a través de los procesos de evaluación y certificación de los conocimientos, comprende aspectos tan importantes como la valoración que del conocimiento mismo hacen los estudiantes, y por tanto la fortaleza de su motivación para aprender.

El acuerdo 648 de la SEP, condenado ya a muerte por el secretario Chuayffet, pretendía (con graves desatinos) poner al día los mecanismos y criterios de evaluación y certificación de conocimientos de los estudiantes del nivel básico. El contenido de ese acuerdo, y en general las normas y procedimientos que regulan las evaluaciones, calificaciones y certificaciones en la educación básica, deben revisarse a fondo, de manera que esos procedimientos y sus resultados contribuyan a mejorar y enriquecer la educación y no a deteriorarla como ocurre hora.

El paso que debe darse es radical: deben eliminarse las llamadas calificaciones (o acreditaciones, en el lenguaje del acuerdo 648), establecerse procedimientos que distingan y separen lo más posible los procesos educativos respecto de los procesos de certificación, y reducir éstos a los casos justificados. Las evaluaciones escolares deben servir para orientar la educación, para apoyar los afanes de los maestros y estudiantes, y para ello deben traducirse en resultados únicamente cualitativos ¿De qué sirven las mal llamadas calificaciones (con número o disfrazados con un letra)? ¿De qué sirve decirle a un estudiante que sacó seis o s? ¿Qué puede hacer con ese dato? La única utilidad de las calificaciones es administrativa: permiten clasificar a los estudiantes y tomar decisiones, en general arbitrarias, respecto de su futuro escolar. Por supuesto, también sirven para que, en algunos casos, los padres de familia se vanaglorien porque su hijo es un niño de dieces, o se avergüencen porque no lo es.

Cuando los certificados son necesarios, porque son útiles para propósitos administrativos, legales o de otra naturaleza (pues no son útiles para la educación en sí misma), conviene que se otorguen sólo al final de los ciclos escolares. Pero asegurando, en lo que falla el acuerdo 648, que no contradigan los propósitos educativos que ahí mismo se definen: a) la participación activa del alumno en su formación y la constante comunicación con él sobre sus avances y posibilidades de mejora; b) evaluar con enfoque formativo, a partir de los aprendizajes esperados y las competencias establecidas en el currículo nacional; c) considerar y atender las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en los que se desarrollan; d) fortalecer la retroalimentación entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores; e) desarrollar una intervención pedagógica oportuna para garantizar el logro del aprendizaje, de tal forma que la enseñanza se ajuste para mejorar el desempeño del alumno, y f) en general, concentrar todos los esfuerzos en mejorar la práctica docente y el desempeño de los alumnos. Estas definiciones de la SEP son acertadas (al margen de su mediocre lenguaje).

Sin duda el acuerdo 648 debe derogarse, pero la SEP debería convocar a una seria discusión de estos temas esenciales para iniciar una auténtica reforma educativa. Los maestros disidentes, principalmente los que militan en la CNTE, han pugnado durante más de 30 años por la democratización de su sindicato. Se han topado con la oposición del Estado, cómplice de la lideresa ahora encarcelada. También han pugnado por una reforma educativa de avanzada. Constituyen un interlocutor que el gobierno federal no puede ignorar.