Luego de un año y medio, Alfonso comprobó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó su solicitud de empleo por ser portador de VIH/sida; que le realizaron la prueba de detección sin su consentimiento, y que, como él, más de 3 mil personas fueron sometidas al mismo examen, y las mujeres, además, al de embarazo, en 3 años y medio.

Eso es lo que la CFE reconoció en respuesta a una solicitud de información presentada por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), pero desconocemos desde cuándo y a cuántas personas rechazó el organismo por ser seropositivos, señaló el abogado Pedro Morales, experto en litigios relacionados con temas de salud.

La historia de Alfonso –nombre ficticio que resguarda la confidencialidad del afectado–, ocurrida en octubre de 2010, contribuyó para que la CFE decidiera suspender las pruebas a partir del primero de agosto de 2011; pero a pesar de la evidencia, la demanda de reparación del daño patrimonial interpuesta por el afectado y la recomendación que sobre el caso emitió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) el pasado 30 de noviembre, la CFE no ha resuelto la forma y los tiempos en que reparará el daño causado al quejoso, entre otros, con una indemnización, disculpa por escrito y la atención clínica que requiera para su rehabilitación en el ámbito sicológico.

Conapred determinó una serie de acciones que la CFE debería poner en marcha para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que viven con VIH/sida, en específico para que conserven su empleo en el organismo.

Pedro Morales explicó que fue posible hacer la denuncia debido a que los médicos de la CFE informaron a Alfonso del resultado de la prueba clínica y que era el motivo de su exclusión del proceso de contratación. En general no se proporcionaba esta información a los solicitantes de empleo ni el tipo de examen que les realizaban, y menos aún los resultados.

Eso fue lo que le pasó en abril de 2010 a Jorge –identidad también ficticia–, trabajador liquidado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, quien luego de la extinción de la empresa optó por tomar la propuesta gubernamental de buscar su recontratación en CFE. Inició los trámites y de igual forma se sometió a los exámenes de sangre y orina. No le informaron que estaba incluida la de VIH, aunque le tomaron muestra sanguínea en tres ocasiones.

Tampoco le dijeron los resultados, pero lo excluyeron del proceso de contratación. Jorge solicitó su intervención al entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Lo contactó vía Twitter y de inmediato el funcionario solicitó a sus colaboradores que atendieran el asunto. En cuestión de días le respondieron que los resultados de sus exámenes médicos no fueron satisfactorios y por eso no podría seguir el proceso de contratación con CFE. La dependencia omitió mencionar que el resultado de la prueba de VIH había sido positivo.

El abogado Morales resaltó la situación de indefensión en que se encuentran las víctimas de violaciones de derechos humanos, pues aunque las leyes Federal de Reparación Patrimonial del Estado y de Procedimientos Administrativos establecen el mecanismo a seguir para resarcir el daño causado, queda a discreción de las dependencias atender o no las denuncias. A los afectados les queda la vía judicial para exigir el cumplimiento de la normatividad, apuntó.